El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, instructor del caso Volhov, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tramite con Interior la solicitud de escoltas de la Policía Nacional al considerar que la protección de los Mossos, los agentes que en teoría tendrían que prestar ese servicio y a los que remitió Interior, compromete su investigación sobre los posibles vínculos de Carles Puigdemont y su núcleo político con Rusia.Como adelanta El Español, en sendas comunicaciones enviadas al CGPJ, a las que ha tenido acceso ABC, Aguirre pide que le sea asignada una escolta policial de protección, que en un segundo correo concreta que, a su juicio, deberían conformarla policías nacionales pues, «a causa del dato objetivo de que tengo a mi cargo una investigación de gran calado que afecta a la Generalitat de Catalunya, no parece oportuno que se designen como escoltas a funcionarios policiales dependientes de la entidad investigada».Noticia Relacionada estandar No Aguirre, un juez con mucha ‘mili’ Elena Burés Instructor de la trama rusa del ‘procés’ y el caso Negreira, lleva casi cuatro década al frente del Juzgado de Instrucción 1 de BarcelonaEl juez considera que la falsa bomba que recibió en el juzgado el pasado 11 de abril constituye una «clara amenaza« contra su persona por los asuntos que investiga (también instruye el caso Negreira, la presunta trama de corrupción arbitral que habría favorecido al Fútbol Club Barcelona) y comunica, además, que no es la primera vez que sucede. Así relata cómo 15 o 20 días después del 28 de enero, cuando publicó el auto en el que aludía a la injerencia rusa en el proceso independentista de Cataluña, «una mujer en bicicleta se dirigió directamente a mí cuando paseaba por una calle para decirme que dejara de investigar al independentismo, que estaba causando mucho daño y que actuara con ética y responsabilidad». A los quince días de aquello, «un mensajero trató de hacerme llegar unas botellas, que fueron rechazadas por el personal de seguridad de la ciudad judicial».«Por tanto, la bomba simulada -concluye el magistrado- es el tercer intento sospechoso y, ante ello, me veo en la obligación, a mi pesar, de solicitar la escolta». Tras recibir la bomba falsa, Aguirre se comunicó primero con el presidente del TSJ de Cataluña, Jesús María Barrientos, para que gestionara el servicio de escolta. Fue a raíz de que Interior les remitiera a los Mossos cuando Aguirre se ha dirigido ya directamente al órgano de gobierno de los jueces expresando la inconveniencia de que sean los agentes de este cuerpo los que presten este servicio.
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