El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra la maniobra del PP en el Senado para eliminar el Impuesto de Sucesiones

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes admitir a trámite el conflicto entre órganos constitucionales planteado por el Gobierno de España contra la decisión de la Mesa del Senado de tomar en consideración una proposición de ley impulsada por la mayoría del PP para eliminar del ordenamiento tributario el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, según ha el tribunal en una nota.El Gobierno entiende que el Acuerdo de la Mesa del Senado, adoptado el pasado 21 de noviembre de 2023 y ratificado posteriormente el 18 de enero, de tramitar una iniciativa legal que plantea la desaparición de la figura tributaria que grava las transmisiones de bienes y derechos a los herederos tanto en vida como por causa de fallecimiento, vulnera del artículo de la Constitución que reserva al Gobierno la decisión última sobre cualquier decisión que suponga un incremento o disminución de los créditos presupuestarios, así como el Reglamento del Senado que también da cierta capacidad de veto al Gobierno sobre las iniciativas del Senado con incidencia presupuestaria.El Ejecutivo ya intentó frenar la iniciativa en el trámite parlamentario mediante una serie de requerimientos a la Mesa del Senado. Sin éxito. La iniciativa siguió su curso y el Ministerio de Hacienda decidió acudir al Tribunal Constitucional.Acabar con la doble imposiciónLa iniciativa presentada el pasado 21 de septiembre por el Grupo Popular en el Senado, que copia otra similar presentada en mayo de 2020 y contra la que el Gobierno también se revolvió entonces, plantea simple y llanamente la derogación de la ley de 1987 que reguló el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con los argumentos de que » supone una doble imposición al gravar unas rentas y bienes que han sido sometidos a tributación anteriormente, penalizando el ahorro», de que «el impuesto recae sobre las clases medias, que no pueden configurar sus patrimonios para que no sean gravados por este impuesto» y, curiosamente, de que «faculta a los ciudadanos a deslocalizar sus patrimonios y sus actividades productivas» por «las enormes diferencias de la fiscalidad de las sucesiones entre las diferentes comunidades autónomas».Los populares recuerdan en el texto de su iniciativa que España tiene una de las fiscalidades más elevadas de Europa sobre las herencias, solo por detrás de la de Francia, y que el Estado no puede «ser insensible ante la problemática que supone para la mayoría de las familias tener que plantearse si aceptan o no una herencia porque no tienen dinero para el pago del tributo, y que en algunos sitios puede llegar a ser confiscatorio».

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