El abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel y pagar 525.000 euros, «el 40% de la cuota» que reconocía «defraudada», para evitar una condena mayor que pudiera implicar su ingreso en prisión tras el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental, delitos por los que el Ministerio Público lo había denunciado. Asumía «íntegramente los hechos» y esperaba así ver atenuada la petición de pena por «el resarcimiento del daño causado y el reconocimiento de los hechos». En la propuesta de conformidad cuya filtración parcial derivó en la querella de González Amador contra la Fiscalía por revelación de secretos, el abogado acepta la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades, 2020 y 2021 y se confiesa autor como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL. Hasta ahora lo que había trascendido es que González asumía dos delitos sin el detalle de las cantidades ni la aceptación de una pena de prisión. Lo que proponía su letrado es el resultado de calcular 4 meses por cada uno de los dos ilícitos fiscales, «teniendo en cuenta el resarcimiento del daño» y que no se trata «en ningún caso de un delito agravado».Noticia Relacionada estandar Si La número dos de García Ortiz impone informar contra la querella del novio de Ayuso Isabel VegaEn el escrito dirigido al fiscal Julián Salto, la defensa reconoció una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se supone 350.951 euros más intereses de demora. Además de la pena de prisión, el letrado propone que su cliente asuma «una multa del 40% de la cuota defraudada» , lo que supone 520.000 euros. Explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad», con lo que se muestra «completamente de acuerdo». «Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer», recoge el escrito. Además, la defensa de González plantea «la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses».El sanedrín de la carrera fiscal Es precisamente este escrito el que dio origen a la querella por revelación de datos relativos relativos a la defensa que el abogado de González presentó contra la Fiscalía. El plante de la fiscal María de la O Silva ante la imposición de la número dos de García Ortiz de inadmitirla aterriza este miércoles en la Junta de Fiscales de Sala, órgano consultivo del fiscal general integrado por 38 miembros de la carrera de primera categoría y de distintas sensibilidades. Son ellos quienes tendrán que dirimir el conflicto que llevó a la fiscal de la Provincial de Madrid a utilizar la vía del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para manifestar su oposición con la teniente fiscal del Supremo, partidaria de inadmitir la querella que Alberto González presentó contra la presidenta de esa Fiscalía, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal Julián Salto por revelación de secretos, en relación con la filtración de datos relativos a la causa abierta a González por delitos fiscales.Sobre la mesa, dos posturas: la que mantiene la fiscal Silva, a cargo de la querella, que antes de decidir sobre la admisión quiere que se practiquen unas diligencias mínimas tendentes a dar con la autoría de la filtración; y la que mantiene la dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, para quien esas diligencias ni siquiera deben practicarse y quien ha impuesto a Silva la inadmisión de la denuncia con dos argumentos fundamentales: que no hay tal delito de revelación (porque los datos publicados sobre González ya se conocían por los medios) y que acceder al intercambio de correos entre la Fiscalía Provincial y la General del Estado sentaría un precedente de cara a casos futuros que dejaría a la Fiscalía indefensa. Al difundir esos correos la Fiscalía quería contrarrestar las informaciones que previamente habían apuntado en medios que fue el Ministerio Público la que ofreció a González un trato de conformidad, cuando la realidad es que fue el novio de Ayuso el que propuso esa conformidad asumiendo en un correo electrónico la comisión de dos delitos fiscales, el pago conformidad y asumir dos delitos fiscales a cambio de saldar el caso con el pago de 525.000 euros y una condena de ocho meses de cárcel. Al no tener antecedentes penales, no ingresaría en prisión.La Junta de Fiscales de Sala afronta el debate dividida entre los que comparten la posición de la número dos de García Ortiz y quienes están de acuerdo en la práctica de unas diligencias mínimas antes de decidir sobre la admisión de la querella, como quiere Silva, que cuenta con el respaldo del teniente fiscal de la Provincial, Carlos Ruiz de Alegría. En el segundo grupo hay quien defenderá que con la filtración de la Fiscalía se cometieron los delitos previstos en los artículos 197 (revelación de secretos ajenos conocidos por razón del cargo o relaciones laborales) y el artículo 542, que castiga con inhabilitación a la autoridad o funcionario público que impida a otra persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes«.
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