El anuncio del Gobierno regional de iniciar, por trámite de urgencia, el proceso para abrir un nuevo centro de atención a menores inmigrantes no acompañados (menas) en La Cantueña (Fuenlabrada) ha hecho saltar las alarmas en el gobierno municipal fuenlabreño, que preside el alcalde Javier Ayala (PSOE). Fuentes del Ayuntamiento informaron que la noticia les ha causado sorpresa e indignación porque ha sido una decisión tomada «de manera unilateral», y contra la que piensan iniciar acciones legales, incluso por la vía penal, advierten.Desde el Ayuntamiento fuenlabreño se aseguró que están «enormemente sorprendidos e indignados porque la Comunidad de Madrid anuncie un equipamiento de este tipo a espaldas de este Ayuntamiento, de manera unilateral y con urgencia». De hecho, consideran «muy sorprendente» que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid haya tomado esta decisión «a sabiendas de que este equipamiento previsto es contrario a los usos permitidos en el planeamiento vigente». Se refiere al espacio, propiedad de la Comunidad de Madrid, en que está previsto situar el nuevo centro para menores, y que está en manos del Gobierno regional merced a un convenio de cesión con el municipio que «tenía una finalidad concreta que no es la que se le pretende aplicar», explican desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada.Noticia Relacionada estandar No Migraciones presume tras subir un 276% las llegadas irregulares: España está «mejor preparada que nunca» Gerard Bono El Departamento de Elma Saiz tiene prevista la construcción de ocho nuevos centros de acogida de refugiadosLa puesta en marcha allí de un nuevo centro para menores inmigrantes «no solo incumple el planeamiento de Fuenlabrada, sino que también incumple de manera flagrante el acuerdo de cesión firmado en su momento para este espacio, entregados para la creación de un espacio de difusión ambiental y para que redundasen en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada», recuerdan en el Consistorio. Un «grave incumplimiento que podría dejar sin efecto el convenio que se firmó en su momento para ceder el espacio», avisan.Por estas razones, el Ayuntamiento de Fuenlabrada adelanta que va a tomar «todas las medidas legales en su mano, tanto por la vía administrativa como por la vía penal si es necesario, con el fin de defenderse de este atropello por parte de la Comunidad de Madrid».En la actualidad, existen dos centros de atención a menores inmigrantes en la Comunidad, y los dos están en Madrid capital: uno es el centro de primera acogida de Hortaleza, y el otro el de Casa de Campo. En ambos casos, ha habido numerosas protestas de vecinos de la zona contra ellos. El Consejo de Gobierno aprobó este pasado miércoles una inversión de 6,9 millones de euros para poner en marcha este tercer centro, el de Fuenlabrada, que estaría operativo en el segundo semestre del año en curso.Además, se aprobaron también 420.000 euros para la puesta en marcha de 30 plazas para menores en tres pisos tutelados, dos situados en Madrid capital y un tercero en Galapagar, durante los próximos tres meses. Todo ello responde, según el Gobierno regional, a la necesidad de cubrir el incremento de la llegada de menores inmigrantes no acompañados en los últimos meses. De acuerdo con sus datos, desde enero han atendido a más de 1.000 personas en estas circunstancias, que son más que todas las atendidas el año pasado.
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