El histórico socialista Joan Navarro, enlace entre la húngara Magyar Vagon y el Gobierno en la compra de Talgo

Las conversaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe -liderado por Magyar Vagon (55%)- que ha lanzado una oferta pública de adquisión para quedarse con Talgo por 619,3 millones de euros tienen en la sombra a un histórico asesor del PSOE.El politólogo y sociólogo Joan Navarro Martínez (Castellón, 1966) es el enlace entre el Ejecutivo y el consorcio húngaro. Él es quien, según ha podido saber ABC, traslada y traduce a los interesados del país presidido por Viktor Orbán las exigencias de información de la Junta de Inversiones Exteriores , que es la que finalmente debería dar el visto bueno, aunque el Gobierno tiene considerables reticencias con la adquisición de Talgo, emblema empresarial español, por parte de Magyar Vagon.Navarro fue asesor del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Valencianas desde 1993 hasta el año 2000 , cuando se trasladó a Madrid, a la Secretaría de Política Económica y Ocupación del PSOE, para convertirse en el director de Gabinete del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, entre 2004 y 2007. Su vinculación con el partido del Gobierno viene de la juventud.Noticia Relacionada estandar No Óscar Puente alienta una contraoferta «española» sobre Talgo para despejar la opa húngara Antonio Ramírez CerezoLa sombra de Viktor OrbánEn la delicada operación en la que se ha convertido la opa de Talgo, Navarro se ocupa del papel institucional, es el enlace entre ambas partes y recomienda a Magyar Vagon cómo actuar según los pasos que va exigiendo el Gobierno, mientras que el despacho Garrigues asume la asesoría legal para el consorcio húngaro y Lazard, la financiera.Este lunes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió a trámite la solicitud del grupo Ganz-Mavag Europe para lanzar la opa del cien por cien de Talgo, pero la Junta de Intersiones Exteriores tiene hasta finales de junio para emitir el informe sobre la operación que manejará el Consejo de Ministros para dar o no el visto bueno y que posteriormente la CNMV emita también su dictamen. Dentro de Magyar Vagon, la fabricante y reparadora de trenes DJJ (Dunakeszi Jarmüjavitó), sería la compañía que se haría con Talgo, fundada en nuestro país en 1942 y que cuenta con cerca de 3.000 empleados.El empresario húngaro residente en el Reino Unido András Tombor negocia la operación desde Magyar Vagon. Fue asesor del primer ministro conservador y ultranacionalista Viktor Orbán y también está vinculado al partido de éste, Fidesz-Unión Cívica Húngara , formación antiinmigración.El consorcio que puja por adquirir Talgo, aunque privado, está vinculado al Gobierno húngaro y una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo español son sus lazos empresariales históricos con Rusia por la proximidad geográfica y también del presidente húngaro con Vladímir Putin. Más aún, en periodo de guerra con Ucrania y con las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea. Esas y otras cuestiones estratégicas sobre la proyección de la compañía española son las que se negocian contra reloj y complican la operación.Investigación en cursoEl asesor institucional Joan Navarro arrastra una imputación en una causa abierta en 2017 por supuestos delitos económicos. La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia le investiga por su etapa como director de Relaciones Internacionales de la empresa pública Acuamed, entre 2006 y 2008. Es uno de los cargos públicos salpicados por una macrocausa con distintas ramas en la que se investiga a políticos del PP y del PSOE , así como a empresarios de la Comunidad Valenciana, por el cobro de presuntas mordidas de la adjudicación de proyectos urbanísticos de distintas administraciones públicas. Partió a raíz de una alerta de Hacienda sobre un despacho de abogados implicado.En el caso de Navarro, los indicios apuntados por la Fiscalía fueron que, junto al también investigado José Luis Vera Llorens -asesor jurídico de una empresa de la Diputación Valenciana-, habría tratado de influir en un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona para que recursos hídricos de un proyecto urbanístico, denominado ‘El Espartal’, acabaran en un campo de golf dentro de éste, según la documentación de la causa consultada por este diario.