El mercado del alquiler de vivienda en las grandes capitales españolas se ha convertido en una guerra sin cuartel entre aspirantes a inquilinos. Hay muy pocos pisos disponibles en relación a todos los interesados que cada día se sumergen en los portales inmobiliarios o que patean la calle en busca de un poco de fortuna. Y el problema está cobrando ya una dimensión muy difícil de digerir. A saber, en Baleares (142), Santa Cruz de Tenerife (104) o Barcelona (101) el número de contactos que reciben propietarios y agencias inmobiliarias por cada piso que se pone en el mercado supera el centenar , según el primer barómetro del alquiler que ha presentado hoy la Fundación Alquiler Seguro en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos.El medidor dice que la presión de la demanda de alquiler de vivienda en los principales núcleos de población española es ‘muy alta’ por el número de habitantes y porque son zonas también expuestas al turismo. Lo hace teniendo en cuenta la media de contactos que una vivienda en alquiler recibe durante un periodo de diez días. Según estos parámetros, en una zona de presión normal, el número de llamadas sería de entre 1 y 15; en riesgo entre 15 y 30; elevada entre 30 y 45; alta entre 45 y 60 y muy alta entre 60-75 y más. Esta última es una categoría donde, además de las anteriormente mencionadas, se situarían Madrid y Valencia , con 63 contactos por cada inmueble que se colocó en el mercado durante el primer trimestre de 2024. También Vizcaya con 61.En ese elenco, hay provincias que antes de la pandemia estaban lejos de llegar a ese nivel de demanda. Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife se encontraba en 2019 dentro de la zona de ‘riesgo’ con una presión elevada de 35, que ahora se ha triplicado. En cuanto a Valencia , hace cinco años estaba en 11, (presión normal), y a finales del año pasado llegó hasta 76, considerada presión muy alta.El barómetro también expone el caso de la provincia de Málaga que tenía una presión en 2019 de 18, considerada ‘en riesgo’ en la clasificación. Al cierre de 2023, esta cifra alcanzó los 67, en el segmento de presión muy alta, aunque en el primer trimestre de este año la logrado moderarse hasta 31, es decir, ‘presión elevada’. En esta categoría y en alta están también Las Palmas (51), Guipúzcoa (50), Álava (35) o Navarra (34) .Se trata además de una situación prácticamente incorregible a tenor de los datos que maneja Alquiler Seguro. La entidad espera que este año se produzca una reducción del 7% de oferta, desde las 813.000 viviendas que se ofertaron en 2023 hasta las 754.000 que se estiman para 2024. Poniendo la perspectiva de la pandemia, momento en el que las grandes capitales se vaciaron y se disparó la disponibilidad de pisos en el mercado, la oferta en Madrid se reduce un 33% desde 2021 hasta las 144.000 viviendas estimadas para 2023; en la provincia de Barcelona la caída se aproxima al 44%, mientras que en Baleares se reduce también un tercio, hasta las 32.000. En Castilla y León, la rebaja ha sido inferior, en torno al 21%.Con ese periodo como referencia, desde 2021, el precio de los alquileres se ha incrementado un 24%, hasta los 1.069 euros a nivel nacional, récord absoluto. Destaca en este apartado Baleares , donde un alquiler medio cuesta 1.591 euros, Barcelona con 1.563 euros, Madrid , con 1.460 euros y Canarias , con 1.047 . Problema heterogéneoPara los creadores del termómetro inmobiliario, se trata sin embargo de un problema «muy heterogéneo», que no afecta a todos los territorios por igual. En 25 del total de zonas -la mayoría-, la situación de la presión sobre la demanda es ‘normal’. Es decir, que existe un equilibrio entre la oferta y la demanda. Incluso en provincias como Palencia (8), Badajoz (8) u Ourense (8), la presión no llega si quiera a 10.El barómetro presentado este miércoles, y que se actualizará recurrentemente, se nutre de las cifras de las que dispone Alquiler Seguro, una empresa que guarda un histórico de datos del alquiler desde hace más de 15 años, y contará otras fuentes complementarias entre las que se incluyen colegios profesionales, portales inmobiliarios, empresas o instituciones públicas y privadas, asociaciones y expertos en vivienda. El fin de su creación es incorporar datos «reales» que no proceden de encuestas y con los que quieren «aportar transparencia al sector» con el objetivo de analizar las políticas públicas de vivienda, fenómenos como las limitaciones de precios o situaciones de inseguridad jurídica.
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