Los socios de Pedro Sánchez han recibido la no dimisión del presidente del Gobierno con un cierto alivio. Alivio primero, sí, pero después como una ventana de oportunidad abierta para avanzar en sus pretensiones. Sumar y Podemos ya han sacado a escena la rebaja de las mayorías exigidas para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que ERC y Bildu han pedido aprovechar la corriente para impulsar cambios que consideran necesarios y van en la línea de «levantar la hipoteca del régimen del 78».Un «punto y aparte». Eso debe suponer, bajo el criterio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, el amago de dimisión de Sánchez, quien ha empleado esa misma expresión minutos antes. El jefe del Ejecutivo ha anunciado este lunes, tras cinco días de reflexión, que seguirá al frente de La Moncloa pese a las diligencias abiertas contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. Él las achaca a «bulos» y «difamaciones» en una estrategia de «acoso» de la derecha y la ultraderecha, y Díaz no solo acepta y respeta la decisión del secretario general del PSOE, sino que le pide pisar el acelerador. En una breve comparecencia en el Ministerio de Trabajo, Díaz ha llamado a «democratizar» el Poder Judicial.Aunque no ha especificado cómo se llevaría a cabo esa democratización, las palabras de la vicepresidenta hacen pensar que Sumar promoverá, como dijo ya el viernes el diputado Enrique Santiago, una reforma en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que estos sean designados por la mayoría absoluta del Congreso y del Senado, y no por una cualificada de tres quintos como mandata la ley actual y como prevé la Constitución para los ocho juristas del órgano. Esa reforma ya la plantearon el PSOE y Unidas Podemos la legislatura pasada, pero la retiraron ante la presión de la Comisión Europea, que entendía que politiza aún más el organismo de gobierno de los jueces. Después de Díaz, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido expresamente que se acometa esa modificación legal para superar el actual bloqueo «sin el PP».Tras aceptar solo tres preguntas, Díaz ha salido a la carrera en dirección al Palacio de la Moncloa para verse con el presidente Sánchez. La vicepresidenta ha mostrado su respeto a su decisión , aunque también ha enviado dos mensajes que, si bien no ha dicho a quién iban dirigidos, podrían interpretarse como pequeños dardos al presidente. «La vida cotidiana ya es lo bastante difícil como para que la política sea una fuente más de preocupación», ha afirmado primero, y, después, ha añadido: «Debemos quitarle melodrama a la política».Noticia Relacionada estandar No Sus frases «Tanto mi mujer como yo sabemos que esta campaña de descrédito no va a parar» D.Y. «Hay veces en que la única manera de avanzar es detenerse», ha aseguradoEn relación al Poder Judicial, Díaz ha dicho que se debe dejar atrás «la imagen negociando con el PP». Populares y socialistas llevan meses abordando en Bruselas la renovación del órgano -que lleva más de cinco años con el mandato de los actuales vocales caducado- con mediación de la Comisión Europea. Pero el PP sigue exigiendo que se reforme el sistema en paralelo para que los jueces elijan directamente a los doce vocales procedentes de la carrera judicial, mientras el PSOE pide que primero se renueve con actual formato y, después, ya se verá.Derogar la ‘ley mordaza’«Los intentos de desestabilizar al Gobierno se responden con más democracia y más derechos», ha afirmado la vicepresidenta segunda, que ha exigido que se cumpla «íntegramente» el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar y que, incluso, se debe ir «más allá». Los ataques denunciados por Sánchez, ha dicho Díaz, vienen de años atrás y responden, según ella, a que la derecha no soporta la subida del salario mínimo interprofesional ni la redistribución de la riqueza. «No puede ser una cuestión retórica. Estamos en un punto y aparte», ha insistido la líder de Sumar.Díaz ha llamado, por ejemplo, a facilitar el acceso a la vivienda y mejorar los permisos de paternidad, y ha hecho mucho hincapié en la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’. Esta norma ya se intentó reformar la legislatura pasada, pero naufragó ante la falta de acuerdo para sacarla adelante, con ERC y Bildu instalados en posiciones de máximos que no asumió el PSOE, como impedir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el uso de pelotas de goma para contener los disturbios en manifestaciones.
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