El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a las empresas españolas . Pide que adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo de que sus actividades económicas en Israel puedan contribuir a las «flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado israelí esta cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados». El ministro ha advertido así a las firmas españolas del «riesgo de contribuir al genocidio en Palestina». Por otro lado, Bustinduy también ha pedido a las compañías que reporten al Ministerio las evaluaciones y estudios que hayan realizado para evitar los riesgos de abusos de los derechos humanos de la población palestina, que pudieran derivar de sus actividades y de las relaciones empresariales. En estos estudios deberán incluir «consultas a expertos en derechos humanos, a grupos potencialmente afectados y a otras partes interesadas». Noticia Relacionada estandar No Las exportaciones a Israel caen un 35% tras la crisis diplomática con España Blanca Martínez Mingo Los economistas advierten del deterioro de las relaciones comerciales: «La postura política del Gobierno está dañando seriamente la balanza comercial entre ambos países»En la carta, el ministro también ha instado a que las empresas «rindan cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir las consecuencias negativas de su actividad en Palestina». Información para los consumidoresAsimismo, Consumo ha solicitado información a las empresas sobre los mecanismos puestos en marcha «para que los consumidores tengan pleno conocimiento de las actuaciones que están llevando a cabo para evitar participar en las violaciones de derechos». «Forma parte de la doctrina internacional»En la carta, Bustinduy recuerda que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio. Entre las resoluciones, reitera, «la Corte instaba a los Estados adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí y/o bajo su jurisdicción se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas». Esto incluye sus relaciones comerciales y cadenas de valor. Así, apunta, que la petición «forma parte de la doctrina internacional» y que «de hecho, está recogida en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos y en la Directiva UE sobre diligencia debida de las empresas aprobada por el Parlamento Europeo y que debe estar recogida en la legislación española en un plazo máximo de dos años». En concreto, la Directiva incide en el derecho del consumidor a contar con la información necesaria para «el disfrute bienes respetuosos con los derechos humanos».
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