La Embajada de Israel en España ha emitido un comunicado en el que acusa a «algunos ministros, intelectuales y medios de comunicación» de «dar alas a Hamás» y de recurrir a acusaciones que son «una clara incitación al odio y alientan el antisemitismo» . La denuncia contra miembros del Gobierno español llega horas después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, enviara una carta a las empresas españolas en el país instándoles a «no contribuir al genocidio en Palestina». La legación manifiesta en el texto su «total rechazo a la falsa acusación […] de que Israel está cometiendo un genocidio» y afirma que la demonización y deslegitimación del Estado israelí juega a favor de quienes persiguen su desaparición. Entre estos últimos cita al grupo terrorista Hamás, con el que mantiene una guerra abierta desde los ataques del pasado 7 de octubre. Si bien el comunicado, en el que se habla de «acusaciones carentes de fundamento» no cita directamente a Bustinduy , éste si hizo esta mañana en referencia en su carta a las operaciones militares del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Además, el responsable de la cartera de Consumo ha pedido que las empresas nacionales con actividad económica en Israel —hay 28 empresas de las que dependen 32 filiales— tomen las medidas necesarias para evitar contribuir a las «flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado israelí esta cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados». Bustinduy es miembro de Sumar, partido minoritario en el Gobierno de coalición que ha mantenido una posición dura contra la respuesta de Israel después de los ataques de Hamás. Figuras importantes como Íñigo Errejón, portavoz en el Congreso, o incluso la líder Yolanda Díaz han acudido a manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. De hecho, Díaz ya pidió en el mes de octubre que Israel depurara sus responsabilidades por «crímenes de guerra» ante la Corte Penal Internacional (CPI). Ione Belarra, secretaria general de Podemos, entonces en el Gobierno, fue un paso más allá y reclamó llevar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la CPI. Una postura que no han abandonado. En esas fechas, la Embajada de Israel acusó a miembros del anterior Gobierno , pues todavía no se había celebrado la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 23J, de «alinearse con el terrorismo». Una acusación que el Gobierno, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, tachó de «insinuaciones infundadas». Desde entonces, las relaciones diplomáticas con Israel, que este martes viven una nueva crisis, han sido complejas. En parte, condicionadas por el impulso que ha tratado de dar Pedro Sánchez al reconocimiento del pueblo palestino. Una misión que le ha llevado a reunirse con los dirigentes de distintos países europeos, pero que no ha llegado a concretarse en un apoyo amplio.
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