La Asociación Víctimas del Terrorismo solicita una condena de nueve años de prisión para el exdirigente etarra Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’, los veteranos terroristas Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio y los miembros de Sortu Haymar Altuna, Oinaha Garmendia y Oihana San Vicente, por organización criminal para la comisión de un delito continuado de humillación a las víctimas . Insta además el cierre definitivo de las plataformas informativas de Kalera Kalera. El escrito, al que tuvo acceso ABC, pide la apertura de juicio oral contra los seis por la organización de hasta 120 homenajes a presos de la banda terrorista que tuvieron lugar en el País Vasco y Navarra entre los años 2016 y 2019, causa que se venía instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional hasta el pasado abril, cuando el juez dio la investigación por concluida. A lo largo de 83 páginas, la representación de la AVT radiografía el fenómeno de los homenajes y actos de enaltecimiento de ETA como ha «parte de una estrategia global destinada a legitimar su actividad terrorista» necesaria para «mantener la cohesión en torno al ideario de la organización» y, de paso, « eliminar en la militancia el repudio que merecen sus crímenes ».«Muy significativo es el hecho de que estos actos y homenajes, históricamente, se han circunscrito exclusivamente al ámbito de miembros de ETA o de su entramado terrorista, no siendo merecedores de ellos aquellos militantes que a lo largo de los años y por diferentes motivos han ido apartándose de la disciplina de la organización terrorista», destaca el escrito de acusación, que firma la letrada Carmen Ladrón de Guevara. Conforme detalla, con el paso de los años y a golpe de lucha policial, la organización de este tipo de actos de homenaje ha ido recayendo en distintas entidades ( Gestoras Pro Amnistía, Askatasuna, Herrira y otras estructuras del Movimiento Pro Amnistía) hasta llegar a la dinámica Kalera Kalera, «que además de ser un movimiento social que reivindicaba la libertad de los presos de ETA, también se encargaba de la planificación, organización y difusión de los actos de homenaje». Esta dinámica fue puesta en marcha en 2016 por la Comisión de presos de Sortu fruto de «una estrategia perfectamente diseñada para continuar con las actividades que desarrollaba Herrira» y desarrolló su actividad hasta que en 2020, la Audiencia Nacional abrió la causa que ahora se aproxima a juicio y acordó el cierre cautelar de sus principales vías de difusión, una web, una revista y 16 perfiles en tres redes sociales que difundían en «campañas de socialización perfectamente diseñadas» sus actos de homenaje a miembros de ETA.Durante su vigencia, la dinámica Kalera Kalera fue la responsable de convocar y difundir sistemáticamente los actos de Ongi Etorri a los presos de ETA tras su salida de prisión y los homenajes que se celebran a los miembros de ETA con motivo de su fallecimiento o en el aniversario de su muerte, así como de su difusión a través de diferentes canales de comunicación. Para ello, unificó y estandarizó modelos de cartelería y otro tipo de publicidad que se empleaba en los homenajes», subraya el escrito. Fue la ex presa de ETA Oihana Garmendia quien se encargó en 2016 de la presentación en sociedad de Kalera Kalera, donde Kubati «también desempeñaba de forma estable y continua en el tiempo funciones de representación y portavocía». El liderazgo de él se evidencia, a juicio de la AVT, sólo con observar los mensajes que intercambiaba con Joseba Azcárraga, portavoz de Sare e interlocutor con el director general de Instituciones Penitenciarias sobre el impacto de los ongi etorri que se organizaban. Pero además, «para desarrollar con eficacia su actividad» contaba con una exposición pública cuyo peso llevaban, según la AVT, los también acusados Oihana San Vicente en Álava y Haimar Altuna en Guipúzcoa que al igual que Garmendia y Kubati, son miembros de la Comisión de presos de Sortu y a quienes se les atribuyen roles de dirigencia de la dinámica Kalera Kalera. El escrito señala asimismo a otros seis portavoces e Vizcaya y en Navarra que no se sentarán en el banquillo.En cuanto a Carlos Saez de Egilaz , la AVT le sitúa en un «rol de dirección, coordinación e influencia sobre las decisiones, actividades y publicaciones realizadas por distintas organizaciones del ámbito de los presos de ETA: Sare, Etxerat, Foro Social Permanente y Behatokia». Es él quien «auxilia y sustituye» a Kubati en sus funciones de responsabilidad en la comisión a favor de los presos y hasta les organiza visitas. De hecho, la acusación popular subraya que «mantiene reuniones con cargos de relevancia de determinados centros penitenciarios» y hasta «supervisa y coordina el trabajo de varios abogados de presos de ETA».A Felipe San Epifanio, por su parte, se le acusa de «participar en la organización y desarrollo de diferentes movilizaciones convocadas en el ámbito de presos de ETA, incluso en la preparación logística y de montaje de dichos eventos». El escrito sostiene que «guarda un estrecho vínculo con miembros de SARE, y es partícipe del traspaso de funciones entre «Kalera Kalera» y la citada plataforma».La AVT, tras recordar que los actos de homenaje tienen un «impacto psicológico negativo en las víctimas del terrorismo» que «interfieren en su recuperación» y les despiertan sentimientos humillantes y de abandono «con una intensidad muy elevada», califica los hechos como de organización criminal para la comisión de un delito continuado de humillación a las víctimas. Pide seis años de cárcel por el primer ilícito y tres por el segundo para cada uno de los acusados.A Felipe San Epifanio, por su parte, se le acusa de «participar en la organización y desarrollo de diferentes movilizaciones convocadas en el ámbito de presos de ETA, incluso en la preparación logística y de montaje de dichos eventos». El escrito sostiene que «guarda un estrecho vínculo con miembros de SARE, y es partícipe del traspaso de funciones entre «Kalera Kalera» y la citada plataforma».La AVT, tras recordar que los actos de homenaje tienen un «impacto psicológico negativo en las víctimas del terrorismo» que «interfieren en su recuperación» y les despiertan sentimientos humillantes y de abandono «con una intensidad muy elevada», califica los hechos como de organización criminal para la comisión de un delito continuado de humillación a las víctimas. Pide seis años de cárcel por el primer ilícito y tres por el segundo para cada uno de los acusados.
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