Durante más de tres lustros, desde el año 2007, los altos funcionarios del Estado han aguardado el desarrollo de la figura del personal directivo profesional prevista en el Estatuto del Empleado Público con la esperanza de que se utilizara para profesionalizar la Alta Dirección del Estado y que acabara o al menos limitara la politización de determinados cargos públicos claves en la gestión de la Administración.Sus aspiraciones recibieron un primer revés en diciembre con la regulación por las bravas de la figura del personal directivo público profesional dentro de uno de los tres reales decretos leyes ómnibus aprobados por el Gobierno a finales de 2023. Allí se limitó su perímetro a las subdirecciones generales y a los cargos directivos de las entidades del sector público institucional del Estado, dejando fuera a escalas clave de las organización del Estado como las direcciones generales y las subsecretarías; y se consolidó también la libre designación como método único de provisión de estos puestos, manteniendo el principio de que un cargo político pueda nombrar y cesar directivos por una simple pérdida de confianza en la persona, la causa principal del elevadísimo nivel de rotación de altos cargos en España que ha llamado la atención hasta de la OCDE.Noticia Relacionada estandar Si Ni bagaje ni formación, el lastre del ‘dedazo’ en las empresas públicas Bruno PérezLa puntilla ha venido con la orden ministerial de Transformación Digital y Función Pública que regula las especialidades para la provisión de estos puestos directivos. Fuentes de los altos funcionarios del Estado valoran como demasiado vagos los requisitos establecidos tanto para la provisión de los puestos reservados a funcionarios, de forma explícita las subdirecciones generales de los ministerios, como para el fichaje presuntamente excepcional de directivos ajenos a la carrera funcionarial , que entienden también que a la luz de la vaguedad de la redacción de la orden podría extenderse a todo el sector público institucional, donde se encuadran agencias estatales, consorcios, organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones y todo una pléyade de entidades que albergan miles de puestos directivos y que los altos funcionarios del Estado se consideran en condiciones de cubrir salvo en casos excepcionales.Aval a la discrecionalidad«Es una avance, pero muy insuficiente», asegura un consultor preguntado por ABC. «Con esos requisitos se puede establecer desde un sistema muy estricto a uno demasiado laxo, teniendo en cuenta que desde el momento en que hay libre designación el grado de discrecionalidad es grande ».La norma impulsada por el ministerio de José Luis Escrivá, que según fuentes ministeriales no modifica en nada el marco anterior a la misma , recalca su aspiración de garantizar que «la selección se realice con base en criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia».Lo que cuestionan los altos funcionarios es que los requisitos establecidos tengan capacidad para garantizar ese triple objetivo. «Juzgamos muy negativamente que el acceso a estos puestos se haga a través de entrevistas y de un cuestionario de autoevaluación , lo que da lugar a la arbitrariedad en la selección de quién va a ocupar un puesto de responsabilidad y a que en su marco básico de competencias no se aprecie la necesidad de especialización», lamenta Ana de la Herrán , presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la organización más combativa con la reforma de los procesos de selección y provisión de puestos impulsada por el Gobierno y hasta la fecha la única dispuesta a evaluarla en público. Fedeca, la plataforma que aglutina a las asociaciones de altos funcionarios de la Administración, no se ha pronunciado, siguiendo la línea de discreción que la caracteriza desde la controversia interna que generó la votación favorable a emitir un comunicado en contra de la amnistía.«Mayores exigencias en el acceso»Desde el Ministerio de José Luis Escrivá se argumenta que nada ha cambiado respecto al escenario dibujado en diciembre. «Los subdirectores generales seguirán siendo funcionarios y los contratos de alta dirección en entidades públicas empresariales seguirán siendo como hasta ahora , pero con mayores requisitos. La orden de hecho prevé mayores exigencias en las convocatorias», aseguran.La orden pone negro sobre blanco que en el caso de los subdirectores generales se requerirá una antigüedad mínima y se evaluarán determinadas competencias profesionales, hasta 23 , que incluso se han definido para aproximar una suerte de criterio objetivo de selección. Y en el caso de los directivos ajenos a la carrera funcionarial se establece que deberán tener la titulación mínima que se exija a los funcionarios, se incluirá una entrevista para evaluar la adecuación del perfil al puesto e incluso se les podrá solicitar un proceso directivo.El asunto es que la valoración de la idoneidad se deja en manos de un «órgano competente» y de dos personas expertas, sin especificar ni la composición del órgano ni si esa evaluación será pública. Fedeca propuso en su día que la selección la hiciera una Autoridad Independiente , tipo Airef, a partir de altos funcionarios de experiencia y competencia acreditadas. «El Gobierno está confundiendo la dirección de la Administración con la disposición a su antojo de la misma y esto afecta gravemente a los objetivos de servir con objetividad a los intereses generales que señala la Constitución», concluye De la Herrán.
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