El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha resuelto citar a una decena de investigados por ilícitos de terrorismo en relación a las actividades de Tsunami Democrátic para que comparezcan por videoconferencia desde Barcelona el próximo 22 de mayo. En una resolución notificada este lunes y a la que tuvo acceso ABC, cita a la secretaria de organización de ERC Marta Rovira, así como al hombre fuerte de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay: junto al empresario Oriol Soler Castanys, el exsecretario general de ERC Xavier Vendrell Segura y la secretaria de Movimientos Sociales del mismo partido Marta Molina Álvarez. Igualmente, convoca al escritor y empresario Josep Campmajó Caparrós, el periodista Jesús Rodríguez Sellés, el empresario Jaume Cabani Massip y el que fue consejero de Òmnium Cultural Oleguer Serra Boixaderas. También a Nicola Flavio Giulio, ex empleado de un banco suizo que, se presume, donó fondos a Tsunami. Para él, libra Orden Europea de Investigación a Italia, donde reside. Noticia Relacionada estandar No El juez llama a declarar a dos de los policías heridos en las protestas de Tsunami Isabel Vega Comparecerán como testigos el 14 de mayo, dos días después de las elecciones catalanasAcuerda así «citar, a través de las representaciones procesales para que comparezcan, por medio de videoconferencia en Barcelona« a todos los investigados el próximo 22 de mayo, antes de que arranque formalmente la campaña electoral para los comicios al Parlamento Europeo. También antes, con el calendario en la mano, de que sea una realidad la ley de amnistía. El debate se espera para el día 30. La resolución acuerda además una batería de diligencias para profundizar en la línea de investigación de la protesta convocada por Tsunami el 9 de noviembre de 2019, jornada de reflexión previa a los comicios que se celebraban el día 10 y uno de los puntales del instructor para sostener que el fin de la plataforma era «subvertir el orden constitucional», en tanto que se desobedecía el mandato de la Junta Electoral Central. Omisión del deber de perseguir un delito electoral «Hasta ahora conocíamos que la acción del 9/11/2019 incumplió el mandato legal de respetar el día de reflexión perturbando el proceso electoral y pudiendo ser constitutivo de un delito electoral», razona el magistrado, para añadir que «lo que se ha podido conocer» es además « la inacción de la autoridad gubernativa responsable de impedir su desarrollo». Era la Generalitat de Cataluña que presidía Joaquim Torra y el auto abre la investigación a un posible ilícito de omisión de perseguir un delito electoral, «con perjuicio de valorar» más adelante si la Audiencia Nacional es competente para ello. Pide a la Guardia Civil una batería de informes al respecto. Para el instructor, «puede afirmarse que el Gobierno de la Generalitat conocía de la existencia de las convocatorias de Tsunami Democratic para la jornada de reflexión» porque diputados del Partido Popular lo habían denunciado a la Junta Electoral Central, el organismo les dio traslado y emitieron contestación señalando que habían iniciado las «acciones encaminadas a solventar esta situación». También hubo notificación directa al Departamento de Interior. «Esta secuencia permite evidenciar el conocimiento que el Gobierno de la Generalitat tuvo de los actos convocados por Tsunami para la jornada de reflexión prevista el 9 de noviembre de 2019. Igualmente, permite constatar que el presidente de la Generalitat, como máximo responsable de la autoridad gubernativa, conocía la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central y que la Generalitat era competente para impedir la celebración de estos actos», señala. Puigdemont y Wagensberg, pendientes del Supremo La causa tenía en el punto de mira también al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, si bien ambos están siendo investigados aparte en el Tribunal Supremo dado su respectivo aforamiento. En este caso, la instructora les ha ofrecido comparecer también por videoconferencia y después de las elecciones europeas, entre los días 17 y 21 de junio. La fecha está aún por determinar y según las fuentes de las defensas consultadas por ABC, ninguno ha sido notificado. Las citaciones llegan cinco meses después de que García-Castellón dirigiese por primera vez la causa contra esta docena de personas, pese a que anunciaba ya que se les atribuían delitos de terrorismo, en una situación altamente excepcional: lo habitual es que una imputación tan grave vaya acompañada de una fecha fija de comparecencia. Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, la razón de la demora estribó en la necesidad de que tanto el Tribunal Supremo como la propia Audiencia Nacional se pronunciasen sobre aquella decisión del juez, recurrida tanto por los afectados como por la Fiscalía. El Supremo, finalmente, lo hizo el pasado 24 de febrero, cuando asumió la investigación que le había remitido García-Castellón pero sólo en lo tocante a los dos aforados. En cuanto a la Sala de lo Penal de la Audiencia, sucesivas resoluciones le han ido dando la razón tanto en que es suya la competencia para investigar como en que concurren indicios que justifican que lo haga. Investigados en SuizaLa cuestión es que en este periodo, más de la mitad de los investigados ha aprovechado para ponerse a buen recaudo de la justicia española. Además de Puigdemont y Rovira, que ya se encontraban residiendo fuera del país, y de Nicola Foglia, que es extranjero, Wagensberg anunció en Navidad que se había mudado a Suiza, conducta que reprodujeron Oleguer Serra, Jaume Cabani, Jesús Rodríguez y Josep Campmajó, como informó este diario. Cundía entonces la posibilidad de que el instructor dictase órdenes internacionales de detención (en Suiza no rige el sistema de orden europea) en su contra, pero finalmente la decisión ha sido convocarles por videoconferencia, sistema que desde una reciente reforma legal se va consolidando como preferente en muchos casos pero que no es nada habitual ni cuando se trata de una imputación ni cuando versa sobre delitos tan graves. Sería en caso de incomparecencia cuando se adoptarían otro tipo de medidas tendentes a la puesta a disposición judicial de los investigados, de acuerdo a las fuentes consultadas.
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