Miriam González (Olmedo, Valladolid, 1968) es abogada especializada en comercio internacional. Es fundadora de España Mejor, organización sin ánimo de lucro con vocación de dinamizar la sociedad civil. Vive a caballo entre Reino Unido y España y está casada con el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, con quien tiene tres hijos. La letrada, por tanto, sabe perfectamente lo que supone ejercer su profesión ateniéndose a unas mínimas reservas para no caer en un conflicto de intereses . Los negocios de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, centran su conversación con ABC. Pero también, la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).—¿Qué pensó de la carta de Sánchez?—Sorpresa, como todos tanto dentro como fuera de España. No es habitual.—La prensa internacional se hizo eco de los negocios de Gómez a raíz de ella. ¿Perjudicó el presidente a su mujer?—No lo veo como algo que afecta a Begoña Gómez. La prensa internacional se está centrando en el presidente. Y creo que la prensa nacional debería centrarse en él. Yo escribí una carta en el ‘Financial Times’, que luego ha tenido acogida en el ‘Times’ y en muchos otros sitios, poniendo el foco en la ausencia de normas éticas básicas que existen en otros países y que todavía no tenemos en España. Ese es el debate.—¿Qué medidas podemos impulsar?—Hay críticas constantes a la falta de autonomía, independencia y eficiencia de la Oficina de Conflictos, que están recogidas todos los años en los informes sobre el Estado de derecho dentro de la Unión Europea y del Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción). Claramente nos estamos centrando en los conflictos directos. Falta por tener claro que también se aplica a los conflictos indirectos y a esa parte de evitar las apariencias de conflicto.Noticia Relacionada estandar Si El PP acusa a la Oficina de Conflicto de Intereses de defender a Sánchez al archivar su denuncia Juan Casillas Bayo Génova entendía que el presidente debería haberse abstenido en el rescate a Air Europa por las reuniones de su mujer con el consejero delegado de la aerolínea en la misma época—El PP llevó a la Oficina de Conflicto de Intereses el rescate de Air Europa por reuniones de Begoña Gómez con el CEO de la compañía y esta no vio problema. ¿Es independiente?—Nos lo dice claramente la Unión Europea por escrito. En el último informe está dicho por escrito: falta independencia y falta autonomía.—Su marido fue viceprimer ministro en Reino Unido. ¿En qué le afectó?—Se me impuso un sistema de conflictos. Son sistemas preventivos y esto te soluciona los posibles problemas. Se hizo el acuerdo de coalición en cinco días, los mismos que se tomó el presidente del Gobierno para reflexionar, y ese día yo le había dicho a mi marido que me parecía importante no vivir en una casa oficial y que yo quería seguir trabajando. Ni se lo tuve que decir. Me fui a la mañana siguiente a trabajar y esa misma tarde nos fuimos los dos, que nos llamó el jefe de la administración. Nos indicó que teníamos una parte que, como yo era socia de un bufete, me podía producir conflictos directos e indirectos con clientes actuales y posibles clientes. Inmediatamente retiraban a mi marido de cualquier decisión que tuviese relación con esto.—¿Sánchez se tendría que haber inhibido del rescate a Air Europa en Reino Unido?—La administración hubiese decidido. Seguramente lo que hubiese ocurrido es que sí hubiese saltado el ‘esto hay que considerarlo y hay que decidir si hay un conflicto indirecto o no’. —Mínimamente se habría debatido .—Por la administración, eso seguro.—Sánchez argumentó que parecía que se le estaba pidiendo a su mujer que se quedase en casa sin trabajar.—No tiene nada que ver. Me parece que es algo que despista a los ciudadanos del auténtico problema.—¿Qué piensa cuando escucha al presidente decir que sufre ‘lawfare’?—Ese uso frívolo que se hace normalizando términos como ‘lawfare’ o ‘pseudomedios’ me preocupa muchísimo. Desde el poder hay que tener muchísimo cuidado con no poner dudas sobre los sistemas de controles y garantías. Y en un sistema como el español, en el que tenemos tan pocos controles y garantías, tanto el sistema judicial como la prensa son fundamentales.’Lawfare’ «Desde el poder hay que tener muchísimo cuidado con no poner dudas sobre los sistemas de controles y garantías»—¿Debería renovarse ya el CGPJ o esa renovación debe ir paralela a una reforma del sistema de elección de los vocales como pide el PP?—El PP ha tenido muchos momentos en los que ha podido hacer esa reforma en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, hace poco con un Gobierno con mayoría absoluta, y aun así no planteó esa reforma del sistema. Una constante de nuestro sistema político es que los partidos hablan de reformar ese sistema para adaptarlo a los estándares europeos cuando están en la oposición y luego se olvidan de ello en el momento que llegan al Gobierno. Los estándares europeos son clarísimos. Si en el CGPJ hay jueces, esos jueces tienen que ser elegidos por jueces. Eso está clarísimo en la Comisión de Venecia, el Greco, recogido en los informes de Estado de derecho de la Unión Europea… Me parece un gran error haber llevado esto a Bruselas. Yo he escrito al comisario Reynders sobre ello. Hay que tener muchísimo cuidado con que una situación anómala que tenemos en España, con un sistema que nunca debió ponerse en marcha, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, ahora vaya a contaminar los estándares del Estado de derecho europeos. No puede ser que si hay una renovación que no se adapta a los estándares europeos, se haga con el beneplácito informal de Europa.—¿Pero sería partidaria de que se renueve con el actual sistema, aunque no cumpla esos estándares europeos, si luego se reforma?—Yo soy partidaria de que solucionen el atasco de nombramientos con comisiones de servicio. Ya han perdido meses en esta discusión desde que se fueron a Bruselas. No puede ser que no sepamos lo que están discutiendo.—¿Le preocupa que, aprovechando esta coyuntura, el Gobierno y sus aliados intenten rebajar las mayorías para elegir a los vocales?—Me preocupa todo. Llevamos 39 años de retraso en adaptar este sistema a los estándares europeos. Me preocupa cada alteración en ese proceso.—¿Europa podría actuar en ese caso?—No lo sé. Creo que esa apertura de ese diálogo ha sido un error por parte de Europa. Están en una situación de juez y parte, y sin transparencia.
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