En Asturias la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, acaba de anunciar un cambio en el modelo de atención a menores tutelados por el Principado. Del Arco plantea bajar las ratios de chicos al cargo de cada educador social y hasta modificar las barreras arquitectónicas de los centros donde residen los jóvenes en régimen de protección. En esta comunidad hay unos 330 chavales en esa situación y ha tenido que destaparse un escándalo mayúsculo, con cinco chicas de entre 13 y 17 años prostituidas por doce hombres de 26 a 44, para que se llegue a la conclusión de que el sistema no está haciéndolo bien. Las mafias de la prostitución y de la trata han puesto sus ojos en estos centros y no es de extrañar, cuando la vigilancia es exigua y los agujeros, muchos. Asturias es solo la punta del iceberg de un problema que arrecia en toda España y un sistema que, en vez de dar cobijo y seguridad, desprotege. Noticia Relacionada estandar No El escándalo de las menores prostituidas: las comunidades «se despreocupan» de la tutela administrativa E. Montañés Antes que a Asturias a Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco también les salpicó la ineficaz gestión de los centros de protecciónEl «matiz» que los expertos consultados por ABC –como la presidenta del Colegio Profesional de Educadores Sociales en Asturias ( Copespa ), Flor González – quieren resaltar que la opacidad que dominaba en los centros hace unos años «ha cambiado» y en este último escándalo el sistema «sí ha funcionado». Se refiere a que el 19 de enero fue la citada Consejería la que denuncia ante la Policía Nacional que algo está ocurriendo, porque una educadora de uno de los dos centros donde residen las cinco niñas habla con una de ellas y ésta le cuenta. Detrás de esa confesión hay «muchas horas de profesionalidad y trato cercano», alega González, el mismo que demandan otros extutelados que no lo tuvieron como la navarra Irati Vidán. La consejera Del Arco entiende que todo el personal debe pasar por cursos de formación específicos –un protocolo que ya se puso en marcha hace dos años, aclara la presidenta de Copespa– y que es necesario rebajar la ratio de menores por educador, hasta 5. En el conjunto del país, con más de 34.600 menores tutelados según el último dato de 2021, esa ratio es de 7-8. Hay mucho instrusismo y la precariedad laboral, notable, coinciden los trabajadores de los centros. Y ahí comienza el problema.A su cargo, niños que han sido apartados de sus familias y que han llegado a esos centros por muchas razones, como la desatención por parte de los progenitores que es el motivo que esgrimió el Gobierno de Navarra a Yaiza (nombre ficticio), que hoy tiene 23 años y que está en la asociación que creó Irati para acompañar a extutelados, Haziak, en Pamplona. En el caso de Irati, fue por la mala salud mental y la negligencia de su madre. La decisión de retirada de la tutela parental se adopta por vía administrativa. En algunos casos, la toma un juez, pero por lo general «no suele escucharse a las familias», se queja Francisco Cárdenas , presidente de la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme). Opina que esa determinación de alejar a unos padres de sus hijos debería ser la última opción y además «es unilateral por parte de la Administración», la misma que en ocasiones deja a su suerte a esos chavales. De ahí que la indignación aún sea mayor cuando se destapan estos abusos. Al menor se le puede llevar a un centro de protección bajo el paraguas de las comunidades, o a familias de acogida, una fórmula en la que confían más especialistas en la infancia como Almudena Olaguibel, de Unicef, por cuanto «dan mejores resultados». Pasado un tiempo, pueden retornar a sus familias de origen donde ya se haya podido solucionar el problema o viven en el centro hasta los 18. Ahí llega «un segundo calvario», alega Irati, porque saltan al vacío «sin el respaldo familiar necesario» y «con tus traumas», añade Yaiza. Proliferan las cuentas en Onlyfans de chicas tuteladas «para tener un móvil» La realidad no la cuenta una adolescente como excepción. En un reciente informe de la Federación Mujeres Jóvenes sobre Onlyfans se recopilan testimonios de menores que se abren cuentas en la plataforma inglesa para recibir un dinero a cambio de fotos subidas de tono o conversaciones íntimas. En la página 23 del estudio destaca que «las expertas advierten del incremento de chicas residentes en centros de acogida que están haciendo uso de Onlyfans para vender contenido sexual explícito». «Cuidado porque no estamos viendo lo que está pasando en menores», alerta la socióloga Carmen Ruiz Repullo, de la Universidad de Granada. Cuando no se va más allá, ratifican varias menores, en que se decide quedar con sus seguidores para intercambiar sexo por dinero. «Quieren comprarse un móvil o tener alguna comodidad de sus pares de fuera», dice a ABC la trabajadora de un centro. La educadora social Flor González confirma la detección de esas cuentas. A Irati Vidán no le sorprende: «Es fácil dejarse engatusar, te dan fuera lo que no tienes dentro de casa».En Aprodeme reciben decenas de llamadas a diario y algunas constatan «las barbaridades» que se cometen en los centros, asegura su presidente. También Irati las conoce en Haziak. El Gobierno central descarga la responsabilidad en la competencia de las autonomías y éstas lo hacen mayoritariamente al concertar la gestión de los centros a fundaciones, organizaciones benéficas y entidades religiosas. Un cóctel de fragilidadLos menores en el interior de estos centros se encuentran en una situación muy vulnerable. «Dentro sobrevive el rey de la selva –asevera la joven Vidán–. Estás en continua competición por cosas que tienen otros o que tienen los chavales de tu edad afuera». Olaguibel recuerda que antiguamente los chavales en acogida tenían un recorrido vital que discurría en paralelo al de otros chavales. Ahora sus universos se cruzan en el instituto. «Se ha normalizado, aunque todo el mundo sepa que vuelven a dormir a su piso de acogida, que llamamos ‘casa’ para que así la sientan», completa la educadora asturiana. Yaiza relata su caso, que tampoco fue fácil. Confiesa a este diario: «Yo empecé montando una huelga de hambre para que me dejasen estar con mis cuatro hermanos. Con eso resumo cómo entré». Tuvo la suerte de dar con un «equipo muy humano» en un centro en Navarra y fue encarrilando su comportamiento, pero también ha escuchado a menores a los que reducen contra el suelo y métodos poco amigables, critica. «Entre los 9 y los 27 años no supe abrazar, porque nadie me dio un abrazo ni me enseñó a hacerlo»«Te aferras a cualquier amistad o persona que te ofrezca algo», sigue Irati. Lo sabe bien porque «coqueteó» con opciones menos sanas que la que escogió: completar su grado medio de atención sociosanitaria y ayudar. « Entre los 9 y los 27 años no supe abrazar, porque nadie me enseñó a abrazar. Una mirada de cariño, un gesto de alguien es un mundo«. Por eso no le extraña que haya quienes se fíen de gente que les engatusa para aprovecharse de ellos. Un problema opaco Una fotografía verídica No hay datos que permitan arrojar una fotografía verídica de lo que ocurre dentro de los más de mil centros de protección que hay en España. 1.185 según la última recopilación del Ministerio de Derechos Sociales, que data de 2021. En él se habla de 34.632 menores en acogimiento residencial (16.177) o familiar (18.455), en 218 centros de titularidad pública y 977 gestionados por conciertos o manos privadas. La asociación Aprodeme cifra en 50.000 los menores tutelados. Se ignoran los abusos No se sabe cuántas personas han sido o son abusadas en centros de protección. Gobierno y comunidades no llevan la cuenta. «Los casos de agresiones a la libertad e indemnidad sexual de los menores tutelados por la Administración o en régimen de protección no han sido objeto de un tratamiento transparente, ordenado y sistemático», apercibió el Defensor del Pueblo en su último informe, del pasado marzo. Escándalo en Oviedo En Asturias hay 330 menores en régimen de protección. El suceso afecta a cinco chicas en dos centros de la capital ovetense.Les ocurrió a las cinco muchachas en Oviedo. Fueron «explotadas sexualmente» por proxenetas y agredidas también en sus encuentros por dinero en bares y locutorios de la capital del Principado. Hay dos personas en Madrid y diez en Asturias encausadas, la mayoría de origen subsahariano. Varios tienen antecedentes por agresiones a menores. Uno está en prisión, por actuación de la Fiscalía, y el resto ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares. La tutela de las chicas –una se fugó– corresponde al Principado.El Defensor del Pueblo constató en su último informe el desinterés hacia el problema y la falta de transparencia y a pesar de advertir que se va a estudiar a fondo, Cárdenas recuerda que según datos de la propia Administración, el 20% de los menores cumplen los objetivos, mientras el 80% fracasa. «Son chicos conflictivos o que no interesan demasiado», acusa.
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