Pedro Sánchez llegó este miércoles puntual al Congreso de los Diputados, al filo de las nueve de la mañana, escoltado por sus vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Ribera. La segunda, candidata del PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio, simbolizaba a la perfección la intención del presidente del Gobierno: utilizar su hiperactividad en el terreno internacional para ocultar bajo la alfombra su precariedad doméstica, en un escenario donde solo tiene garantizados los apoyos para sacar adelante la ley de amnistía. Todo lo demás está en el aire y condicionado a una mayoría de escasa fiabilidad.La idea del jefe del Ejecutivo era llegar a la macrocomparecencia de este miércoles, en la que se entremezclaban el último Consejo Europeo, las negociaciones sobre el estatus de Gibraltar, la situación en Palestina y los negocios de su mujer, Begoña Gómez , con dos grandes anuncios bajo el brazo. Y lo consiguió solo a medias. Sánchez tenía previsto recibir en Madrid a Volodímir Zelenski el viernes pasado para firmar un acuerdo bilateral de seguridad, pero el presidente ucraniano tuvo que aplazar su visita a España por la ofensiva rusa en el norte de su país.Sí pudo anunciar Sánchez, y en eso centró el grueso de su intervención inicial, que duró 44 minutos en un debate que superó las seis horas y media, que el Consejo de Ministros aprobará el martes el reconocimiento del Estado de Palestina. Un paso que también dieron este miércoles Noruega e Irlanda y que provocó que Israel llamase a consultas a sus embajadores en los tres países. No obstante, el traje de líder internacionalista no evitó que se viesen las costuras del Gobierno de coalición, donde PSOE y Sumar avanzan a ritmos distintos y, en ocasiones, en dirección opuesta. Una circunstancia que se agrava por la necesidad de Sánchez de contar para todo con los votos de ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos. Una ecuación endiablada.Noticia Relacionada estandar Si El PP aguardará hasta el último momento su voto a la reforma de la ley del Suelo y pone en vilo al PSOE Antonio Ramírez Cerezo La reforma que cuenta con el apoyo del sector inmobiliario y los ayuntamientos podría volver a la casilla de salida si el Congreso la rechaza este juevesLa tensión del hemiciclo, en el que la oposición servía los ataques más duros, pero los socios, los más preocupantes, se palpaba también en los pasillos y en el patio de la Cámara Baja, donde sus señorías comentaban lo sucedido la víspera y lo que puede acontecer este mismo jueves . Y es que el PSOE, tras ver cómo este martes el Congreso rechazaba de plano su norma para perseguir el proxenetismo –la mayor derrota legislativa de Sánchez desde que ERC le tumbó los presupuestos generales en 2019–, se enfrenta a una votación incierta sobre la ley del suelo, que parte del Gobierno, pero que Sumar pretende tumbar.Un desafío de los aliadosERC, Junts y Podemos han planteado sendas enmiendas a la totalidad contra la ley del suelo propuesta por los socialistas y este miércoles la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, confirmó que su partido las va a respaldar. Estas fuerzas entienden que la norma socialista abre la puerta a la especulación –la ley pretende facilitar la construcción de vivienda en España– y que debería ir acompañada de medidas para evitar una tendencia alcista de los precios.El resultado de este tinglado: el proyecto de ley, como sucedió con la proposición contra el proxenetismo hace dos días, vuelve a estar en manos del PP. Desde el Grupo Parlamentario Popular evitaban este miércoles soltar prenda sobre qué harán este jueves con la intención de generar inquietud en el Ejecutivo. «Si Sánchez se puede tomar cinco días para reflexionar, nosotros podemos pensar durante un día nuestra posición», decían fuentes populares, informa Emilio V. Escudero .La ley del suelo del Ejecutivo está ahora mismo en manos del PP, que puede provocar su rechazo en el CongresoUn ministro socialista, sin embargo, trataba de trasladar la presión al PP y apuntaba este miércoles que las medidas contenidas en la ley del suelo las han reclamado ayuntamientos gobernados por los populares y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), la popular María José García-Pelayo. En un contexto preelectoral, con los comicios europeos asomando en el horizonte, el Grupo Popular ya dejó caer la ley contra el proxenetismo este martes, a pesar de haber respaldado su toma en consideración la anterior legislatura.«Es un error táctico», comentaban este miércoles fuentes de Sumar en los pasillos del Congreso, al estimar que el PSOE se ha equivocado estratégicamente al traer al hemiciclo dos leyes en periodo electoral que no concitan el consenso de la mayoría de la legislatura. Desde la formación izquierdista, respecto a la ley del suelo, critican que los socialistas la llevasen al Consejo de Ministros sin haber hablado con sus socios. «A nosotros nos obligan a tener las cosas atadas antes de aprobarlas en el Gobierno», comentaba una fuente autorizada de Sumar, que lamenta la doble vara de medir entre los peces grande y chico de la coalición.Aun así, y a pesar de que Sumar este jueves se va a posicionar por segunda vez en la semana en contra de los intereses del PSOE, desde el partido de Díaz trasladan que el Gobierno goza de buena salud, «mejor que nunca». Un mensaje que repiten la mayoría de sus aliados parlamentarios, aun con las últimas turbulencias. Junts es el único que mantiene posiciones de máximos, consciente de que la amnistía se aprobará definitivamente el jueves que viene, e intentando forzar la situación para provocar una carambola en la Generalitat de Cataluña.La presión de JuntsLa portavoz neoconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, de la máxima confianza de Carles Puigdemont, se dedicó este miércoles durante la comparecencia de Sánchez a ‘leer su libro’. Es decir, a exigir que el prófugo sea el próximo ‘president’ –aunque sea el socialista Salvador Illa quien ganó las elecciones catalanas– y a recordar de paso que en Madrid los siete votos de Junts siguen siendo imprescindibles. Matemáticas o chantaje, según a quién se le pregunte.Desde el Gobierno, pero también desde partidos como ERC, restan importancia a los órdagos de Junts y creen que, pasadas las europeas y cuando se despeje la gobernabilidad en Cataluña, pasará por el aro y accederá a ser un actor más en las negociaciones con el Ejecutivo. «La alternativa está ahí», comentaba este miércoles un diputado de izquierdas, que considera que una coalición de PP y Vox debería ser suficiente espantajo para calmar el carácter beligerante de Junts una vez Puigdemont asuma su derrota. Sánchez, de hecho, pidió a Nogueras que se haga a la idea de que Illa será el próximo ‘president’. Ella, retadora, le preguntaba con qué votos en un diálogo de besugos.El Gobierno y la mayoría de sus aliados relativizan la coyuntura actual, a pesar de la evidencia de sus discrepancias «Esperamos que, tras las elecciones europeas y una vez cerrada la fase electoral, el Gobierno pise el acelerador y nos pongamos a trabajar para mejorar la vida de la gente», apuntan también fuentes de Bildu en conversación con ABC. Además, subrayan que desde que Sánchez fue investido hace seis meses, no ha habido avances ni en cuestiones sociales ni en «el debate territorial». Otro melón pendiente entre el Ejecutivo y sus socios.Todo esto pilla al PSOE en la resaca de la reflexión de Sánchez, que hizo contener la respiración a todo el partido, cuando el presidente amagó con dimitir tras abrir un juzgado de Madrid diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por un presunto tráfico de influencias . El tema, por el que el jefe del Ejecutivo volvió a pasar de puntillas, aunque retó al PP a llamarle al Senado a él –como ya dijeron este miércoles los populares que harán– y a su esposa, sirvió para que Míriam Nogueras (Junts), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Aitor Esteban (PNV) le reprochasen que solo haya comprado el marco del ‘lawfare’ –la supuesta guerra judicial contra adversarios políticos– al sufrirlo él.Sánchez prometió ‘regeneración democrática’ después de las europeas, con un lenguaje que apunta ya a medidas para intentar controlar tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como a la prensa. Pero en ese terreno ya hay socios, como Podemos , que le intentan marcar el paso con leyes para nombrar sin el PP a los vocales del órgano de gobierno de los jueces y para señalar a propietarios, directivos y presentadores de medios de comunicación.
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