Miles de municipios se están viendo obligados a gestionar sus presupuestos de este año sin tener certeza alguna de los recursos que les van a llegar desde el Estado en 2024 como consecuencia de la aplicación de su sistema de financiación. La renuncia del Gobierno a tramitar la Ley de Presupuestos les ha dejado sin la cobertura legal necesaria para actualizar las entregas a cuenta que reciben todos los meses del Estado, que de momento están recibiendo en un montante muy similar a las de 2023, y sobre todo sin la información individualizada de los recursos que les corresponden al centenar de grandes ayuntamientos enmarcados en el sistema de cesión de tributos por la liquidación de la recaudación real correspondiente al año 2022, que arrojó cifras récord.La situación no es más que un pequeño y transitorio problema de tesorería para los ayuntamientos de menor tamaño, pero supone un problema mayor para los de mayor entidad que a día de hoy aún desconocen la cuantía precisa de unos ingresos presupuestarios (los procedentes del Estado) que suponen en torno al 21% de sus ingresos totales. Y todo ello en un ejercicio en el que al sector local se le exige que cierre con un superávit del 0,2% del PIB para cumplir con los objetivos de reducción del déficit.Noticia Relacionada estandar Si Almeida reclama 713 millones a Sánchez por el agujero de la plusvalía municipal Cris de Quiroga El ayuntamiento abre la vía judicial con un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal SupremoConsciente de ello, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha dirigido hasta en ocho ocasiones por carta a la ministra de Hacienda , María Jesús Montero, para solicitar formalmente al departamento información «de las medidas que durante 2024 se van a adoptar por el ministerio con relación a la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación de la participación en los tributos del Estado de 2022 de las entidades locales», según se recoge en una de esas misivas, a las que ha tenido acceso ABC. Según fuentes de la FEMP, no han recibido respuesta a ninguna de ellas.Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran, por su parte, que las entidades locales ya disponen de esa información , ya que se les proporcionó en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) que se celebró el 11 de diciembre. Allí, Hacienda informó a ayuntamientos, diputaciones y cabildos de que recibirían 28.557 millones de euros en 2024, «los mayores recursos de toda su historia», con un aumento de recursos del 22,6%, de los cuales 23.773 millones vendrían de entregas a cuenta, un 5,1% más. «A partir de esa información no es difícil que cualquier ayuntamiento pueda calcular si lo desea cuánto le va a corresponder sin un gran margen de error», dicen desde Hacienda.Gestionar a ciegasLa Federación de Municipios y Provincias discrepa de Hacienda . «En la CNAL se dio la información global de la liquidación de 2022, pero cada ayuntamiento necesita conocer la cantidad específica que le corresponde para gestionar sus recursos. Sin ese dato no se puede hacer nada», aseguran.Desde la plataforma que aglutina a las entidades municipales se recuerda que cuando hay proyecto de Presupuestos Generales del Estado el Ministerio de Hacienda remite a todas y cada uno de las entidades locales en el sistema de cesión de tributos un oficio con la cantidad específica que les corresponde para el ejercicio siguiente, para facilitar la elaboración de sus presupuestos, y lamentan que la decisión unilateral de no tramitar los presupuestos haya venido acompañada de otra paralela de no comunicar la cifra concreta que le corresponde a cada ayuntamiento, multiplicando de esta forma el riesgo de que puedan producirse desviaciones presupuestarias en un año clave para el ajuste fiscal de las cuentas españolas.«Si los grandes ayuntamientos supieran ya lo que les van a dar en julio, tendrían información para gestionar sus presupuestos con mayor seguridad », recalcan desde la FEMP. «Lo único que pedíamos es que al menos nos facilitaran la parte de la liquidación de 2022 que ya conocen».Se refieren en este caso a los recursos asociados al Fondo Complementario de Financiación (FCF). La cesión de tributos a los grandes ayuntamientos se produce por dos cauces. Uno más sencillo de calcular que supone una participación de alrededor de un 2% en la recaudación de los principales tributos que recauda el Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales) y un fondo complementario (FCF), más complejo de estimar, que se calcula a partir de una fórmula que parte de la evolución de los ingresos tributarios del Estado desde 2004 y que supone el 85% del total de los recursos que perciben los grandes ayuntamientos del sistema de financiación. Esa es la cifra que la FEMP demandaba a Hacienda.La solución, en julioLa decisión de Hacienda de no proporcionar esa cifra a los grandes ayuntamientos ha alimentado las especulaciones respecto a que se trate de una estrategia para forzar una gestión prudente de los recursos de los municipios en un ejercicio en que están llamados a presentar un superávit del 0,23%.El Gobierno necesita que los ayuntamientos realicen un ajuste de más de 4.500 millones para convertir el déficit del 0,1% registrado en 2023 en un superávit del 0,23% este año y necesita que lo hagan aún cuando este ejercicio todavía tendrán la libertad de emplear el superávit obtenido el año pasado en el listado de inversiones previstas por la ley, ya que la restricción regulatoria que obliga a los ayuntamientos a destinar su superávit a reducir se endeudamiento no ha entrado en vigor hasta este año y solo afectará a los excedentes que se generen en 2024. En otras palabras, que esa restricción no estará activa hasta 2025, según ha aclarado Hacienda en una nota reciente.Desde el Ministerio se aclara que en cualquier caso la actualización de las entregas a cuenta está en vías de solución a través de una enmienda a uno de los reales decretos leyes en tramitación en el Parlamento, que se espera que se sustancie antes del parón estival, y que la cuantía específica de la liquidación correspondiente al año 2022 -principal objeto de inquietud de los ayuntamientos de mayor tamaño- «se abonará entre finales de julio y principios de agosto como se ha venido haciendo todos los años».
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