El abogado Gonzalo Boye ha solicitado a la Audiencia Nacional que anule toda la investigación por la que va camino del banquillo acusado de blanquear dinero del narcotraficante José Ramón Prado Burgallo -Sito Miñanco- invocando, entre otras razones, «la inmunidad formal del abogado», pues era tanto su letrado como de buena parte de los señalados cuando intentó justificar 889.620 efectivo que se les habían intervenido en el aeropuerto de Madrid utilizando documentación que según la investigación, se habría fabricado ad hoc. El escrito de defensa, al que tuvo acceso ABC, se presenta después de que Boye agotase la vía del Tribunal Supremo, que el pasado 21 de mayo confirmó la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle junto al célebre narco gallego y otras 47 personas, en su caso, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en la gestión de recuperación de aquel dinero, una pieza separada de la llamada operación Mito. A lo largo de medio centenar de páginas, se centra en primer lugar en desacreditar a los dos otrora clientes que le delataron ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El letrado insinúa que a cambio, ambos quedaron en libertad con cautelares y subraya que, en uno de los casos, la delación se produjo a partir de una vulneración de su derecho de defensa, pues su estrategia estaba expuesta en uno de los documentos que la Policía intervino en el registro de su despacho profesional. Noticia Relacionada estandar No El Supremo avala que la Audiencia Nacional juzgue a Boye por blanqueo de capitales ABC El Alto Tribunal rechaza el recurso con el que pretendía evitar la causa en la que también está implicado Sito MiñancoEn concreto, expone que el primero, Manuel Andrés P.S., le imputó «conductas consistentes en elaboración de contratos »ad hoc« para justificar falsariamente el origen lícito del dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas» y como Boye, que representaba a Sito Miñanco en la causa, tuvo conocimiento de lo que había declarado, preparó un documento con una lista de «sus contradicciones» y se lo pasó a su propio abogado. Ese documento, conforme refleja el escrito, fue intervenido en las entradas y registros que la Policía practicó dos meses después en el despacho y la vivienda de Boye y fue incorporado a la causa. El letrado sostiene que de ese modo se preparó la segunda delación, la de Manuel G.R., que también fue puesto poco después en libertad con cautelares y que pasó de reconocer como propio y lícito el dinero a «simular ser un correo humano al servicio» de Sito Miñanco. «Así, tras un año de mantener secretas las actuaciones en la Pieza separada de Blanqueo de Capital, se consigue que, en agosto de 2020, el investigado -en prisión provisional- Manuel G.R., quien siempre mantuvo que el dinero intervenido era de su propiedad y para comprar una empresa de seguridad en Colombia, se desdijo y decidió incriminar al letrado Gonzalo Boye en una trama destinada a recuperar un dinero que ya no era de su propiedad», argumenta el escrito. Un «encargo profesional»Recuerda que fue Manuel G.R. quien le realizó el «encargo profesional» de tramitar la recuperación del dinero bloqueado en el aeropuerto de Barajas, para lo que le indicó la documentación que debía presentar, «dada su condición de abogado en ejercicio especializado en derecho penal» y sin percibir por ello ningún anticipo. El problema es que la documentación había sido utilizada con anterioridad y se apreciaron visos de falsedad: los investigadores concluyeron que G.R., como el resto de personas que llevaban los fondos en maletas aquel día en el aeropuerto, eran correos de Sito Miñanco camino de Colombia a realizar un pago en metálico. El escrito subraya que a partir de esa segunda delación, la imputación contra él «se transformó: el letrado ya no había confeccionado los contratos reputados ‘ficticios’ sino que había ideado toda la operación». De ahí que el abogado de Boye considere «evidente que la declaración incriminatoria del investigado Manuel G. R. deriva directamente de la necesidad de contar con más testificales contra el letrado, quien, al parecer, debía tener suficientemente refutada la tesis de acusación basada en la declaración de Manuel P.S.», el primero que le había señalado. Y todo, a partir de unos documentos que él mismo había preparado para contrarrestar esas acusaciones, por lo que entiende que se ha quebrado el secreto profesional y su propio derecho de defensa. «La acusación que se dirige contra el Letrado Don Gonzalo Boye funda su tesis en su relación con otros acusados, otrora sus clientes, limitándose a ejercer el derecho de defensa encomendado, dentro de la ley. Ser contratado para recuperar un dinero incautado por el SEPBLAC está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y es absolutamente lícito», recalca. En todo caso, el escrito incide en que «Gonzalo Boye nunca ha recibido instrucciones, directamente o por mediación de terceros, procedentes de José Ramón Prado Bugallo para confeccionar contratos simulados o cualquier otro tipo de documentación falsa ni nunca el señor Prado Bugallo le manifestó ni interés ni relación alguna respecto al dinero intervenido en Barajas a Manuel P. G.»
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