Desde que gobierna Pedro Sánchez , el peso de las leyes de origen europeo aprobadas por el Parlamento español no ha parado de crecer hasta superar ya a las netamente ideadas en España. Si los textos que llegaban de Estrasburgo y Bruselas suponían un 42% de todos los que aprobaba el Congreso en 2019, hoy ya son la mayoría. La principal causa de ello es la dificultad creciente que está teniendo el Ejecutivo para aprobar sus propias leyes por la fragilidad de sus alianzas parlamentarias, especialmente desde las elecciones del pasado 23J. O, dicho de otro modo, por la composición del llamado ‘bloque Frankenstein’ . El Gobierno de coalición está obligado a negociar y ‘comprar’ los apoyos para cada iniciativa que pretende impulsar y ello rebaja el número de leyes propias que logra sacar adelante. En este escenario, los textos que proceden de Europa se tramitan más fácilmente al ser mandatos y, además, proceder de acuerdos alcanzados en Estrasburgo y Bruselas. Ecuación no habitualEl mayor peso de la legislación comunitaria sobre la nacional es extraordinario. El dato fue especialmente significativo en 2023, el último año completo registrado, cuando el 72% de las leyes aprobadas por el Parlamento español tuvo origen europeo. Casi tres de cada cuatro. Así se desprende de informes internos de la propia Eurocámara , a los que ha tenido acceso ABC y sobre los que la Oficina del Parlamento Europeo en España presentará hoy un balance quinquenal. Noticias Relacionadas estandar No ERC rechaza pactar con PSC la Mesa del Parlament ABC estandar Si Encuesta GAD3 El PP ganará las elecciones europeas el 9J con cinco puntos y cuatro escaños más que el PSOE Jorge NavasDentro de ese origen europeo se incluye tanto la transposición de directivas comunitarias al ordenamiento jurídico de nuestro país como las leyes españolas que recogen reglamentos europeos , recomendaciones, programas o iniciativas que salen de Estrasburgo (Francia). El pasado no fue un año normal dado que el curso parlamentario en España se vio interrumpido por la disolución de las Cortes en el mes de mayo, ante la convocatoria de elecciones generales. Y la actividad parlamentaria no se retomó hasta noviembre tras la nueva investidura de Pedro Sánchez . Por este motivo, el número de iniciativas legislativas aprobadas fue solo de 25. Pero siete de ellas (el 28% del total) respondieron a la aplicación de reglamentos europeos o al mandato de transposición al ordenamiento jurídico español de directivas de la UE. Hasta 11 de las normativas aprobadas el año pasado (44% del total) se derivaron de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas emanadas del Consejo, de la Comisión, del Parlamento y de otras instituciones europeas. Parálisis legislativaEs decir, el 72% de todos los textos aprobados recogió la línea de actuación recomendada desde las instituciones de la Unión Europea . Pero, pese a la excepcionalidad política del año pasado, lo cierto es que la parálisis legislativa ha ido a más en lo va de este ejercicio, hasta el punto de producirse un bloqueo claro en las últimas semanas, cuando el Congreso tumbó la tramitación de la ley del proxenetismo impulsada por el PSOE y el Gobierno se vio obligado a retirar la del suelo en el último momento para evitar una importante derrota legislativa. Y todo ello en menos de 48 horas, en un contexto en el que el Ejecutivo ha renunciado a presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado ante el convencimiento de que no podría sacarlos adelante. No en vano, en la actual legislatura la amnistía y las urnas han sumido a España en la parálisis legislativa.Desde su constitución hace ocho meses, el actual Congreso solo ha aprobado dos decretos y tres leyes , de las cuales el Senado sólo ha refrendado una. Pese a todo ello, la influencia creciente europea en la actividad de las Cortes españolas es una constante desde que Pedro Sánchez alcanzó La Moncloa, como se indicaba al inicio. Así, las leyes comunitarias se convirtieron en mayoría en el Congreso en el año 2021, cuando alcanzaron el 51% del total de las aprobadas durante un ejercicio político exento de circunstancias excepcionales, más allá de las derivadas de las propias alianzas parlamentarias del PSOE. Previamente, en 2020, las leyes europeas y las españolas habían empatado al 50%, después de que los textos comunitarios crecieran desde el 42% que suponían en 2019. Ese fue el último año en el que los textos españoles fueron la mayoría del total y esta circunstancia se produjo pese a que 2019 fue un ejercicio políticamente más especial que el de 2023, ya que no solo hubo adelanto electoral en abril, sino que, tras una investidura fallida de Pedro Sánchez, se disolvieron las Cortes y se volvieron a convocar elecciones generales en noviembre. Esta tendencia de tres años creciendo en peso dentro del Parlamento español terminó de cuajar en 2022, cuando las leyes de origen europeo alcanzaron el 57% del total. En el balance global de estos últimos cinco años, el Congreso ha aprobado un total de 246 iniciativas legislativas . De ellas, hasta 132 son normativas que regulan aspectos ya avanzados por las instituciones europeas, derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por la UE . Otra causa de este mayor peso de las leyes comunitarias sobre las nacionales se encuentra en el abuso que Pedro Sánchez ha hecho de los decretos-leyes, una herramienta prevista para uso excepcional que el líder socialista ha utilizado de manera ordinaria para legislar y sortear las dificultades de sus alianzas parlamentarias . Mientras las leyes no entran en vigor hasta que las aprueban las Cortes, los decretos-leyes comienzan a aplicarse tras su aprobación en el Consejo de Ministros y solo necesitan que el Congreso los convalide en un debate único y en un proceso que no permite enmiendas. En términos de eslóganes de campaña , estas elecciones europeas en España son más nacionales que nunca. Sin embargo, la coyuntura política de nuestro país y la actual parálisis legislativa no deben ocultar la realidad que ofrecen los datos: Europa tiene una influencia decisiva en el día a día de los ciudadanos. Más todavía si el Gobierno de Sánchez se apoya en unos pactos parlamentarios que dificultan seriamente la gobernabilidad .
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