Menos de dos semanas después de que la Comisión Europea amenazara a España, y a otra media docena de países de la Unión, con llevarla al Tribunal de Justicia de la UE, el Gobierno ha decidido por fin remitir al Congreso el proyecto de ley que transpone la norma europea que debería haber instaurado desde el pasado 1 de enero el tipo mínimo global de imposición del 15% sobre los beneficios mundiales de las grandes multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales.Aunque en su día se vendió desde algunos ámbitos del Gobierno como la estación de término del compromiso político de hacer pagar a las grandes empresas un mínimo del 15% no sobre sus bases imponibles nacionales, como estableció la reforma que abordó el Gobierno de Sánchez en los Presupuestos de 2022, sino sobre sus ganancias mundiales, atribuyéndole una recaudación potencial de 10.000 millones de euros , no termina de estar claro que la implantación de esta nueva figura vaya a aportar recursos extra a las arcas nacionales o que estos vayan a ser significativos. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en otras ocasiones en que se han creado impuesto a las grandes empresas no ha dudado en trasladar estimaciones concretas de recaudación, ha evitado este martes dar cifra alguna e incluso ha deslizado que el hecho de que España ya tenga operativo un tipo mínimo del 15% desde el año 2022 «hace improbable que se aplique el tipo mínimo de la directiva» en España. Ha precisado, eso sí, que según la información disponible en las bases de datos de la Agencia Tributaria este nuevo mecanismo fiscal alcanzaría a 126 grandes grupos multinacionales radicados en España y 707 multinacionales con matrices en el extranjero que tienen filiales en el país.El tipo mínimo europeo, fruto de un insólito consenso global para evitar las maniobras de algunas grandes multinacionales para aprovechar la existencia de jurisdicciones de baja tributación para minimizar su factura fiscal, consta en realidad de tres dispositivos. Un impuesto complementario nacional, que debe garantizar que las empresas radicadas en el territorio paguen un mínimo del 15%, algo que en España ya sucede de alguna manera desde 2022 y que explica por qué la ministra ha dicho que por ese cauce es improbable.Y otras dos figuras que son las susceptibles de aportar algún ingreso extra, si es que hubiera caso. Un impuesto complementario primario , que permite gravar con ese mínimo del 15% las rentas de las filiales extranjeras de empresas españolas que no haya tributado al menos por ese porcentaje en origen en aplicación del principio de inclusión de rentas, una de las novedades de este tributo. El mismo principio que sustenta el impuesto complementario secundario, que permite recaudar las rentas de las filiales en España de empresas extranjeras que no hayan alcanzado esa tributación mínima del 15% en el país de origen de la matriz.Montero ha aprovechado el hito legislativo para presumir de las medidas puestas en marcha en los últimos años para hacer pagar más impuestos a las grandes empresas, entre los que ha citado el impuesto sobre los servicios digitales, el impuesto sobre transacciones financieras y los gravámenes transitorios sobre las energéticas y las entidades financieras, que según ha dicho la ministra han permitido aportar recursos para financiar rebajas fiscales como las aplicadas sobre los recibos de la luz y el gas y sobre los alimentos.La ministra ha abierto la puerta a una posible prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos , que vence el próximo 30 de junio pero cuya eventual prolongación no se decidirá hasta el que Gobierno vea los últimos datos disponibles sobre la evolución del precio de los alimentos, que se ha acelerado en los dos últimos meses.A lo que no parece tan dispuesta es a abordar una reforma fiscal de profundidad , que es uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para la recepción del quinto pago de los fondos europeos
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