El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha vuelto a enviar al Congreso y al Senado la propuesta de objetivación de nombramientos que ya les hizo llegar, sin recibir respuesta alguna, el pasado mes de abril. Preocupado por la ambigüedad de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, Guilarte recuerda que los nombramientos de los magistrados del Supremo, al igual que los de la cúpula judicial que son competencia del Consejo , no se pueden sacar del órgano de gobierno de los jueces, pues atentaría directamente contra el artículo 122 de la Constitución. Tras dar la «bienvenida» al presidente al círculo de quienes realmente piensan que el problema del Consejo radica en la fórmula de elección de los altos cargos para que esté regida por los principios de mérito y capacidad (la actual está «viciada de discrecionalidad»), invita a Sánchez a que «disipe» las dudas que generó ayer al avanzar su intención de reformar los nombramientos si el PP no negocia antes de que acabe el mes. En este sentido recuerda que «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta. Tampoco debe olvidarse cuál fue la finalidad del constituyente a la hora de residenciar en el CGPJ las competencias que cuestionamos», algo que el propio TC dejó claro en su sentencia de 1986. «Las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones».Épocas pasadasGuilarte recuerda que antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia. «No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas». Por eso «es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo».En la carta remitida de nuevo a los presidentes de las Cortes, Guilarte esboza la problemática que está llevando al bloqueo de la renovación dejando claro que no son los vocales los culpables de la situación. «La primera reflexión a efectuar sobre su causa es que resulta consecuencia del lamentable pero universal desencuentro entre las dos grandes formaciones políticas, en cierta medida derivado de los efectos de una compleja aritmética parlamentaria que ha propiciado pactos difícilmente asumibles desde la óptica política contraria».Como en la anterior misiva insiste en que no cabe exigir a los actuales miembros del Consejo conducta alguna encaminada a «suplir la incapacidad de quienes sin duda resultan constitucionalmente responsables de la falta de renovación». Toda presión, dice, debe proyectarse contra los responsables de la parálisis del sistema «y no cargar sobre el actual CGPJ con absurdas iniciativas (como la dimisión en bloque) para solventar una crisis de la que tan solo somos expectantes sujetos pasivos».El presidente del Consejo reparte la culpa de la no renovación entre los dos protagonistas, los dos principales partidos, incapaces de ponerse de acuerdo. «Se alega por unos el incumplimiento de exigencias constitucionales y por otros el desapego al seguimiento de las recomendaciones europeas que hacen primar la elección corporativa. Ambas opciones, planteadas a modo de confrontación de dos modelos, no parecen confluir sino en el infinito». Se trata de evidenciar ante la opinión pública -añade- que «es otro el causante exclusivo del desencuentro». Primer paso, el sorteoConsciente de que hay que buscar una fórmula intermedia entre las posturas de ambos y que a la vez la renovación no puede esperar más, Guilarte propone como primera y transitoria medida el sorteo entre los candidatos de procedencia judicial, es decir, la elección de los doce vocales jueces utilizando la lista de aspirantes que lleva registrada en las Cámaras desde diciembre de 2018. «Es evidente que todos ellos resultan objetivamente aptos a tal fin y que el consenso sobre una lista alternativa de sorteables complicaría enormemente las cosas. Es una solución de oportunidad solo justificada por la imperiosa necesidad de desalojarnos, pues entiendo que en una sociedad jurídicamente avanzada el ‘aleas’ evidencia la incapacidad del sistema para valorar objetivamente el mérito y capacidad de los aspirantes a cualquier cargo».
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