Desde agosto del año 2022, Álvaro García Ortiz puede presumir de un buen palmarés de escándalos al frente del Ministerio Público. Ya su nombramiento empezó torcido, al convertirse en el primer fiscal general del Estado calificado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como no idóneo para el puesto, pero desde entonces no ha dejado de crecer la controversia en torno a su figura. El PP, en algo que se está convirtiendo en una constante, volvió a exigir este viernes otra vez su dimisión. Se mantiene la petición, se actualizan los motivos.A García Ortiz se le suman ahora dos nuevos frentes. Por un lado, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, reconoció que fue «obligada» por el fiscal general del Estado a desvelar datos confidenciales de un ciudadano particular, en alusión al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Por otro, el número uno del Ministerio Público trata de aplacar la rebelión de los fiscales del ‘procés’, contrarios a aplicar la amnistía sin rechistar, sobre todo en lo tocante a la malversación, como él les exige.Estas son solo las dos últimas gotas de un torrente de polémicas que le han salpicado desde que llegó al cargo. El fiscal general «no idóneo», al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado en cada ocasión, sufrió su primer gran varapalo cuando el Tribunal Supremo sentenció en noviembre que cometió «desviación de poder» cuando maniobró para ascender a su antecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría fiscal, situándola al frente de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal. Noticia Relacionada estandar No Los fiscales del ‘procés’ se ratifican en no aplicar la amnistía, invocan la Junta de Fiscales y piden ser relevados Nati Villanueva No comparten la valoración jurídica que esta mañana les ha impuesto García OrtizGarcía Ortiz, al que debe exigírsele la máxima neutralidad, participó en actos de campaña del PSOE en 2019, en Galicia. Ese es el año en que se hizo famosa la frase de Sánchez con la que, en una entrevista en RNE, prometió «traer» al prófugo Carles Puigdemont a rendir cuentas ante la Justicia por supuestos delitos de sedición y malversación. «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está». Casi cinco años después de aquello, el presidente cuenta con un fiscal general que participaba en actos socialistas y que, lejos de perseguir al ‘expresident’ fugado por declarar ilegalmente la independencia de Cataluña, presiona a sus subordinados para que no lo hagan.Hace algo más de un mes, el Senado exigió la destitución de García Ortiz de su puesto y el nombramiento de un fiscal general «digno». La votación estaba decantada de antemano, porque la iniciativa la promovía el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, pero el revés fue mayor del esperado para el PSOE al abstenerse sus socios ERC, Junts, Bildu y PNV.Entonces, los populares promovieron una moción tras haber anulado de nuevo el Supremo la decisión de García Ortiz de situar a Delgado, esta vez, como jefa de la Fiscalía de Memoria Democrática. Ni la presión de los propios fiscales ni la petición del Senado hicieron al fiscal general plantearse su dimisión. En las asociaciones profesionales causó también indignación su tibieza ante el reconocimiento en España del ‘lawfare’ –supuesta guerra sucia judicial– de manos de los socios de Sánchez, a través de unas comisiones de investigación promovidas en el Congreso para investigar el supuesto uso de la Justicia para perseguir políticamente al independentismo. García Ortiz tardó casi un mes en responder a las peticiones de amparo de los fiscales y lo hizo sin mencionar expresamente los órganos promovidos en la Cámara Baja.Sin informes de la amnistíaAdemás, el fiscal general del Estado se negó a emitir un informe sobre la ley de amnistía cuando se lo pidió el Senado, como sí hizo el CGPJ. El Gobierno vehiculó la amnistía como una proposición de ley, a través del Grupo Parlamentario Socialista, para evitar el criterio preceptivo de los órganos consultivos del Estado. No obstante, las cámaras están en su derecho de pedirlo ‘a posteriori’. La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, se negó a reclamarlo, como quería el PP, pero los populares sí pidieron desde la Cámara Alta la opinión de la Fiscalía.García Ortiz, asimismo, silenció a través de su número dos a los fiscales que sí veían terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic ; fue obligado a informar al fiscal Ignacio Stampa sobre el expediente abierto contra él; e impuso al Consejo Fiscal su criterio para no admitir la querella del novio de Díaz Ayuso y apartó del caso a la fiscal que era partidaria de aceptarla. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí atendió la querella por difundirse datos confidenciales del perjudicado.«La única salida que tiene es la dimisión inmediata, porque ya no cabe mayor desprestigio que los que estamos viendo», comentó este viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra , durante la jornada de puertas abiertas en el Congreso. «La degeneración institucional del sanchismo está más que nunca representada por la Fiscalía», atizó.
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