Es la semana del Orgullo, cuyo día institucional es el próximo viernes 28 de junio. Así que a pesar de la insistencia de Ana Redondo , ministra de Igualdad, en adelantar en varias ocasiones que llevarían ante el Tribunal Constitucional la ley Trans y LGTBI de Madrid, ha sido hoy en el Consejo de Ministros cuando ese recurso se ha hecho oficial y público. «Desde el momento que se interponen esos recursos las leyes afectadas quedan paralizadas», ha explicado el Ejecutivo.Noticia Relacionada estandar No Oposición frontal de Igualdad a cambiar la ley Trans aunque se cuelen agresores E. MontañésEl Gobierno recurrirá concretamente las leyes 17/2023 y 18/2023 de la Comunidad de Madrid, que modifican dos leyes autonómicas previas en un sentido regresivo para los derechos de las personas LGTBI. La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas Trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto. La normativa de la Comunidad madrileña es «regresiva», ha enjuiciado hoy Redondo, y lo que hace es eliminar y derogar «contenidos de protección de derechos y establecer nuevos requisitos o condiciones para su ejercicio».Mantiene el acompañamiento psicológico que suprimió la ley estatalAna Redondo ha concretado también en los aspectos que se impugnan, que no es el conjunto de la ley autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran «anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado». Esos aspectos son: la excepción que hace Madrid a la prohibición absoluta de las terapias de conversión permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que a menudo son formas encubiertas de este tipo de seudoterapias, dice Igualdad. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición. Hasta la ley de 2023 impulsada por Irene Montero esos dos años de evaluación psicológica eran preceptivos. «Discrimina a los trans»En tercer lugar, se va a recurrir la contraposición discriminatoria que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos «sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres», una opción que han defendido plataformas feministas como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. En este sentido, la ministra Redondo ha insistido una vez más en la defensa de la ley estatal con un principio que consideran clave: «Garantizar los derechos de las personas trans no pone en peligro los derechos de otras personas».MÁS INFORMACIÓN noticia No Casi un tercio de las personas que piden la eutanasia en España mueren mientras se tramita la solicitud noticia No El desabastecimiento de los medicamentos en las farmacias afecta a cuatro de cada diez hogaresPor último, el Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.La ministra de Igualdad ha destacado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Una comisión en la que «no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid». Redondo ha recordado el recurso que en el mismo sentido interpuso el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo «alegando motivos similares».
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