El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a exonerar parte de la malversación del caso de los ERE de Andalucía a condenados en firme por un delito de malversación de caudales público mediante la sentencia del Tribunal Supremo , que confirmó las penas de inhabilitación y prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla a 15 antiguos responsables políticos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A partir de este martes se reunirá el órgano de garantías para estudiar los recursos que presentaron cinco antiguos cargos socialistas de la Junta de Andalucía que fueron sancionados con penas de cárcel por el desvío de 680 millones de euros mediante un sistema irregular de ayudas.La previsión es que la mayoría progresista del Pleno apruebe las ponencias de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán sobre los recursos de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo , el exconsejero de Empleo Antonio Fernández , el exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román , y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar .El Pleno tiene reservados este martes, mañana y el próximo jueves para deliberar sobre una batería de asuntos, entre los que figuran estos cinco recursos relativos a los ERE. Abordará estos casos después de que el 18 y 19 de junio resolviera los amparos de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez . Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje sustencialmente la pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación.Ahora, el Pleno tiene sobre la mesa los recursos de cinco excargos que, aunque todos fueron condenados por los ERE, participaron de distinta manera en el sistema de concesión de ayudas sociolaborales , por lo que no todas sus condenas fueron iguales ni todos sus recursos los son. Por ende, no todas las ponencias a deliberar esta semana son iguales.Dichas fuentes indicaron a Europa Press que ahí radica la complejidad de este Pleno: aunque hay una línea argumental básica que se repite , luego cada caso tiene sus propios matices, porque no todos los condenados ocuparon los mismos cargos ni actuaron en los mismos años.Una de las mayores diferencias, apuntan las fuentes consultadas, recae en el paraguas legal que, según el TC, tuvieron los que participaron entre 2002 y 2009 -cuando se elaboraron y aprobaron los anteproyectos y proyectos de leyes de presupuestos andaluces- frente a los que lo hicieron entre 2000 y 2001 -cuando todavía no había esa ley de presupuestos y solo se hicieron modificaciones-.Rebaja de la penaEn el caso del exconsejero de Empleo de Andalucía Antonio Fernández, la ponencia de la vicepresidenta Montalbán propone exonerarle parte de la malversación.En concreto, plantea anular la sentencia y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo pronunciamiento «exclusivamente» en lo relativo a la posible comisión de un delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001 , lo que se traduciría en una rebaja de su condena porque sí perdona el resto de la malversación. Fernández fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación. Fue condenado por haber intervenido en las modificaciones presupuestarias que arbitraron los fondos para el pago de los ERE y por haber firmado convenios particulares con el director general de Trabajo para canalizar las ayudas.Bajo este mismo argumento, Montalbán propone al Pleno que se exonere toda la malversación de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que fue condenada a seis años y dos días de prisión y a 15 años de inhabilitación absoluta. Allana así el terreno para exculpar también a Griñán, que ha pedido amparo al TC tras su condena de seis años.
Leave a Reply