La pérdida de población es uno de los males endémicos de Sevilla en los últimos años, situando a la ciudad muy lejos de la barrera de los 700.000 habitantes que, según los datos del padrón municipal, llegó a alcanzarse puntualmente a fecha de 1 de enero de 2020 pero que de manera sostenida no se registra desde hace casi una década. En todo este tiempo, los distintos gobiernos municipales han impulsado campañas de empadronamiento y otras políticas concretas para revertir esta sangría poblacional que no han terminado de ofrecer los resultados esperados. Sin embargo, el pasado año se observó un cambio al alza en esta tendencia motivado por el crecimiento del número de extranjeros censados en la capital hispalense, que se elevó en un 11,2 por ciento en los últimos doce meses.La población inmigrante censada en Sevilla alcanzó las 60.324 personas a fecha de 1 de enero de 2024 , lo que representa el 8,65% de los habitantes empadronados en la ciudad. Así se desprende del dictamen emitido por el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sobre los informes socioeconómicos de la ciudad correspondientes a 2022 y 2023, y que fue aprobado en la sesión extraordinaria que celebró este organismo el pasado 12 de junio. En su desarrollo se aclara que la población extranjera sumó 5.556 personas más en el último padrón, frente a los 4.996 del año anterior. Un ascenso que sostuvo la caída de habitantes en la ciudad si se compara con la situación que atraviesa la población de origen nacional, que cayó en un 0,6% en estos doce meses, perdiendo hasta un total de 3.542 personas.Los datos confirman la relevancia cada vez mayor de los extranjeros en el conjunto de la población de Sevilla, en un auge que se ha consolidado de forma escalonada en los últimos años. Es relevante también el reparto de estos empadronados según el grupo de edad al que pertenecen. La mayoría de ellos se encuadran en la franja entre los 16 y los 64 años , en la que se agrupan 50.426 inmigrantes, el 83,59% del total. Representan, además, el 11,1% del conjunto de vecinos de la ciudad que pertenece a ese colectivo. También destaca el peso de los inmigrantes entre los menores de 16 años , que alcanzan ya el 6,95% de los 99.704 censados de esa edad. Son, a día de hoy, 6.931 habitantes. Por último, y en menor medida, consta un 2,07% de vecinos nacidos fuera de las fronteras españolas con más de 64 años .Otro datos relevante, más allá de este reparto por grupos de edad, viene a desmontar las teorías de algunos partidos políticos como Vox, que han vinculado el auge de la delincuencia con la presencia de inmigrantes en las ciudades. Según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 91% de los delitos cometidos en la provincia de Sevilla en 2021 –el último año del que existen informes– fueron cometidos por españoles y sólo un 9% llevaban la firma de extranjeros , la mayoría de ellos americanos.Cautela ante los datosEl crecimiento global de la población es, a criterio del dictamen emitido por el CESS, una noticia «positiva», aunque advierten de la necesidad de seguir implementado nuevas acciones que eviten un retroceso de habitantes y que consoliden «el camino hacia los 700.000 habitantes». En su informe ponen el foco en «continuar con medidas como las incluidas en el Plan Municipal de Vivienda », centrándose en la apuesta por las viviendas de protección oficial y, especialmente, en las viviendas asequibles para los más jóvenes , a las que acompañarían «campañas de empadronamiento que permitan identificar a la población flotante que reside en la ciudad y que no está censada».Con todo, el organismo municipal insiste en que para lograr el objetivo de afianzar a la población es necesario « mejorar nuestro tejido productivo y el empleo », poniendo en marcha para ello «medidas que hagan de Sevilla una ciudad atractiva, no sólo para vivir sino también para invertir», además de que «se pongan en marcha iniciativas empresariales y se creen puestos de trabajo que permitan que la población, y en especial nuestros jóvenes, no emigre a otros municipios ». Una clara referencia al éxodo de habitantes que se ha producido en los últimos años a los grandes municipios del área metropolitana, atraídos por un precio más asequible de la vivienda y por una política fiscal más atractiva.
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