La última bala de los pescadores en el Tribunal Supremo contra la eólica marina no ha dado frutos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado este martes el recurso interpuesto por la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos y ha avalado los planes del Gobierno para el despliegue de la energía renovable en aguas españolas. Según el tribunal, las críticas de los pescadores son una «mera discrepancia subjetiva». Para los demandantes, en cambio, ha podido haber «indefensión jurídica» en el proceso, por lo que valoran una impugnación ante el Tribunal Constitucional. El choque entre la pesca y el despliegue de las renovables estalló hace algo más de un año, cuando el Consejo de Ministros aprobó los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) , que identifican las zonas prioritarias de pesca, de transporte o de protección de la biodiversidad y, sobre todo, reservan 5.000 km2 para el despliegue de la energía eólica marina. Estos documentos eran un paso fundamental para la instalación de la renovable offshore, pero las zonas elegidas hicieron saltar las alarmas del sector pesquero, que temían la caída de las capturas y la afectación a la biodiversidad del área. La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos interpretó que el Gobierno no había tenido en cuenta sus áreas de actividad ni tampoco había demostrado que el despliegue de la eólica no tuviera afectación a la fauna, así que decidió recurrir a los tribunales.Ahora, la sentencia del Supremo rechaza los reproches hechos por el sector pesquero sobre la arbitrariedad y la «desviación de poder» del Gobierno para favorecer a las energéticas. «Los planes recurridos, como en ellos se refleja, han tomado en consideración en sus decisiones de ordenación una copiosa información atinente a la actividad pesquera, y obligan además -y lo hacen de forma recurrente- a tener en cuenta en todo momento la actividad pesquera desarrollada en las zonas seleccionadas para la energía eólica, interacción o solape que deberá resolverse al tiempo de la autorización de los correspondientes proyectos, conforme a su legislación sectorial y ambiental», destaca la sentencia.En concreto, los planes de ordenación elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica estarán en vigor hasta finales de 2027 e identifican cinco grandes demarcaciones en las aguas nacionales: la noratlántica (de Galicia a País Vasca), la sudatlántica (Huelva-Cádiz), la del Estrecho y Alborán, la levantino-balear y la canaria. En cada una de ellas «hay actividades ya presentes y otras que pueden llegar a desarrollarse» siempre que sean «compatibles». De hecho, las zonas donde se podrá desplegar la renovable offshore apenas representa el 0,46% de toda el área marina regulada. El problema es la ubicación. En la demarcación noratlántica, frecuentada por la flota pesquera gallega y asturiana, se habilitaron hasta ocho áreas para el despliegue de la eólica marina: suponen más de la mitad del total del espacio destinado al despliegue eólico marino en España. Por contra, no hay ninguna zona habilitada en la demarcación sudatlántica (Huelva-Cádiz), lo que la convertirá posiblemente en la única libre de aerogeneradores.El tribunal asegura que «no puede sostenerse« que el ministerio haya olvidado la presencia de la actividad pesquera ni su interacción con la eólica, sino que, al contrario, la ha tenido en cuenta. Según argumenta, durante el proceso de consulta pública de la evaluación ambiental se avanzó en el análisis de las interacciones entre los polígonos de energía eólica marina y la actividad pesqueras y se modificó la superficie de los polígonos para la eólica marina, reduciendo su potencial impacto sobre la pesca, y se tomó la decisión de no incluir la energía eólica en las zonas de uso prioritario (ZUP), como inicialmente estaba proyectado, sino en la zonas de alto potencial (ZAP).«Las decisiones adoptadas en relación con la actividad pesquera y la eólica marina parten de un complejo proceso de consulta y negociación entre los distintos sectores afectados, con intereses contrapuestos, y han sido tomadas razonadamente», dicen los jueces. Han contado con información técnica y científica del Instituto Español de Oceanografía, el CEPYC-CEDEX y por las propias administraciones públicas territoriales y sectoriales, y «no ha sido en ningún momento fundadamente rebatida» por la plataforma «con la correspondiente pericial técnica, limitándose a expresar su mera discrepancia subjetiva», dicen los jueces.MÁS INFORMACIÓN noticia Si El Gobierno subleva a los pescadores con su plan para la eólica marina: «Es un pescacidio» noticia No El Gobierno dibuja los límites del mar para iniciar el despliegue de la energía eólica marina noticia No El Gobierno no aplaca el miedo de los pescadores a su plan eólico marinoEn su valoración inicial, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos ha recordado que el Supremo excluyó informes clave del Instituto Español de Oceanografía y del Ministerio de Agricultura y Pesca sobre el impacto de la eólica marina en los ecosistemas marinos y los caladeros de pesca. «Es un grave defecto de esta sentencia y ha generado indefensión jurídica», ha asegurado la plataforma, por lo que en una reunión el próximo 22 de julio valorarán la impugnación del fallo ante el Tribunal Constitucional .
Leave a Reply