La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, ha mentido. Lo hizo, al menos, en las explicaciones que dio a la ministra de Igualdad de acuerdo a las palabras de la propia Ana Redondo . También ha faltado a la verdad en la nota pública que comunicó el jueves por la mañana para justificar su participación «con solo un 8% de las acciones de la consultora Elig Consultoría Igualdad y Diversidad S.L.» en los contratos que obtuvo esta empresa de un puñado de ayuntamientos madrileños y valencianos, la mayoría gobernados por el PSOE. García mintió al señalar que «se había desvinculado por completo de la titularidad y la gestión de las empresas» que comparte con su mujer Elisabeth García (y por las que su cónyuge sigue facturando, hasta un total de 250.000 euros en dos años) desde que asumió el alto cargo en el Ministerio de Igualdad. Pero la directora figura como administradora única todavía en el Registro Mercantil al sellar alguno de los contratos. En San Fernando de Henares (Madrid) , uno de los dos contratos firmados este 2024 por la consultora de las García se rubrica el 29 de febrero e Isabel García figura aún como dueña de la empresa al menos hasta el 6 de marzo. Esa acción remite a un contrato menor por valor de 5.050,54 euros adjudicado a Elig Consultoría, que se postula frente a una empresa que ya ha denunciado haber sido suplantada y frente a otra, Imber Consultoría de Igualdad S.L., también propiedad de Elisabeth García, a la sazón exasesora del Grupo Socialista en el Senado que presidió Rafael Simancas la pasada legislatura. Directora y empresariaIsabel García hizo caso a la Oficina de Conflicto de Intereses y se desprendió de la mayor parte de sus acciones para cumplir con la ley de incompatibilidades mientras ostenta un alto cargo como es su caso y percibe, al menos, un sueldo anual que supera los 113.00 euros. Le vendió el resto a su esposa. El límite legal es del 10% y posee el 8% de las dos empresas, cuyos domicilios fiscales corresponden a posesiones de las García en Getafe (Madrid) y Xirivella (Valencia). «Lo que una paga la otra lo cobra», resumen fuentes del PP nacional. El cambio en el Registro Mercantil no se produjo hasta el 6 de marzo, como publicó ‘El Español’, cuando ya se había beneficiado de ciertos contratos. Noticia Relacionada RECOGIDOS EN EL PACTO DE ESTADO estandar No La gestión de Isabel García pone bajo el foco a los puntos violeta E. Montañés La exministra Irene Montero relanzó en 2021 la idea de estos espacios físicos ubicados en eventos festivos o culturales para denunciar, acompañar, atender o informar de posibles agresionesEl polémico expediente en San Fernando, al que ha accedido este periódico, corresponde a «materiales divulgativos y publicitarios: campaña jornadas 8 de marzo de 2024» y la solicitud de oferta a tres empresas se produce el 22 de febrero de 2024. La dueña de la tercera compañía, exdirectiva bilbaína de fútbol del Athlétic C.F., María Tato, ha interpuesto una denuncia en Las Rozas (Madrid) por suplantación de identidad. Su empresa Afianza Global Service S.L., denuncia en el mismo medio digital, nunca pujó con los 5.432 euros que se recogen en este documento municipal. En todo caso, la cuestión se resolvió en que por 5.257,45 euros pujó Imber y por 5.050,54 euros el ayuntamiento se lo adjudicó a Elig. Dos de las tres compañías eran de las García, y la tercera es conocida de ambas y denuncia ser usada. «Se llevaron el contrato al rebajar la cuantía en 382 euros. No ofrece dudas ni sospechas del amaño», dicen fuentes de la oposición en la corporación.Visto que «en San Fernando no se puede cubrir con medios municipales» el contrato de materiales divulgativos para el 8-M, se solicita oferta a tres empresas: dos son de las García, la tercera niega haber concurrido nuncaDesde el PP de San Fernando de Henares afirman a este periódico que pese al Pleno extraordinario convocado en el municipio el pasado miércoles para dar explicaciones, ni el alcalde socialista Javier Corpa ni la propia edil que estampa su firma en este contrato, Silvia Buabent, consiguen tapar el asunto. Desde la Alcaldía de San Fernando afirmaron ayer a ABC que «se ha obrado con total transparencia, que los contratos eran menores», por tanto, no son ilegales en su adjudicación a la empresa que consideran idónea y remarcaron que no «hay ningún tipo de concurso» público ni en la campaña informativa del 8-M ni en la adjudicación de un punto violeta o espacio para denunciar agresiones machistas, que es el segundo contrato firmado en mayo pasado. Como explicó este diario, así operan la mayoría de los puntos violeta en el país . Asociaciones y entidades son invitadas por los consistorios a que opten al contrato menor y se lo lleva quien lo hace por menos dinero y mejor personal. En Elig recurren normalmente a personal voluntario: psicólogos y trabajadores sociales que asisten a víctimas, tienen perspectiva de género y «formación reglada en igualdad», presume la empresa.¿Influyó su amistad?La edil Buabent admitió en televisión «conocer» a Elisabeth García. No en vano, coincidieron en el PSOE de Madrid desde 2017 y después en el grupo parlamentario al que Buabent se postuló como candidata a senadora. El edil Miguel Ángel García Capa interpeló en el Pleno a Buabent acerca de si su amistad «pudo influir» en la adjudicación. No hubo una respuesta clara. En su comunicado de hace 48 horas, García garantiza que tanto ella como su esposa han sido «muy escrupulosas con sus actuaciones profesionales» máxime desde que es directora, que no se ha dirigido ninguna recomendación directa o indirecta ante los clientes de las empresas para favorecer ningún contrato y que «ninguna de las empresas de su pareja ha recibido un solo contrato del Instituto de las Mujeres». «Solo faltaba», dicen en el PP, que comparan reiterativamente este caso con el de Begoña Gómez y el tráfico de influencias que consigue la ‘esposa de o el familiar de’.
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