Lo ha dicho de manera clara y rotunda Felipe González . El expresidente socialista que más tiempo ha gobernado España (1982-1996) sostiene que el preacuerdo entre el PSC y ERC para que Salvador Illa ocupe el sillón de la Generalitat de Cataluña no cabe ni en la Constitución ni en la Lofca, la actual ley de financiación de las comunidades autónomas . En el caso de que las bases del partido independentista den su visto bueno al pacto y las Cortes lo aprueben –hace falta una mayoría absoluta que el PSOE no tiene–, Cataluña saldrá de la caja común y recaudará el cien por cien de los impuestos que se pagan dentro de su territorio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno , ha anunciado que este «ataque frontal a los intereses de comunidades como Andalucía» , bajo el régimen común, tendrá su «respuesta» en los tribunales. Desde la Administración autonómica ya se han puesto manos a la obra con la idea de plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si el documento privado que han firmado Esquerra Republicana y los socialistas catalanes adquiere rango de ley. Será entonces cuando podrían llevarlo ante el órgano de garantías, como se dispone a hacer con la amnistía a los principales líderes del proceso independentista catalán. En un análisis previo con un enfoque económico-jurídico, la Junta de Andalucía ha detectado hasta una veintena de infracciones legales en el concierto económico que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ve «magnífico» para Cataluña. En concreto, hasta 16 artículos de la Constitución Española (CE) estarían directa o indirectamente afectados por este cambio en el ya de por sí desigual reparto de los recursos del Estado entre las comunidades, según este estudio preliminar. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) puso números a este desfase: Andalucía tiene un déficit de financiación de 1.409 millones de euros anuales, dinero que le hace falta para costear su sanidad, educación o política social. La Junta aprecia también otras cuatro vulneraciones de preceptos recogidos en la ley que regula la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, la llamada Lofca, que tendría que modificarse para que la Generalitat pasara a gozar de una relación bilateral con el Gobierno central en esta materia. El «concierto económico solidario» —el eufemismo con el que se ha denominado— es una suerte de cupo fiscal al estilo del que tienen el País Vasco o Navarra reconocidos en una disposición de la Carta Magna, atendiendo a derechos forales históricos. El documento de ERC y PSC no aclara qué parte va a destinar Cataluña al resto de regiones en concepto de solidaridad.Solidaridad entre territorios en el aireEl problema de constitucionalidad principal reside en que el nuevo régimen de financiación singular supondría un doble perjuicio para las demás comunidades por la quiebra de los principios de solidaridad interterritorial o de la efectiva igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a determinados servicios públicos. Los artículos de la CE afectados por la propuesta catalana son aquellos que garantizan el principio de igualdad entre los españoles con independencia de donde vivan (1, 14 y 139), los referidos a la redistribución equitativa de los recursos públicos (31, 40, 128 y 131) y a la potestad originaria de establecer tributos (133). Este estudio previo de la Junta de Andalucía ve incluso en riesgo el principio de estabilidad presupuestaria (135) o la libertad de residencia y circulación (19).La doctrina del ConstitucionalPara salir del régimen común de financiación autonómica, como pretende el PSOE, resulta imprescindible una habilitación constitucional expresa y una reforma del correspondiente Estatuto de Autonomía, en este caso el catalán, modificación que también debería ser votada en un referéndum, señalan los juristas consultados. En una sentencia dictada el 28 de junio de 2010, el TC apeló a la doctrina que hay en esta materia cuando resolvió los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la reforma del Estatuto catalán. Así, determinó que todas las actuaciones que conciernen a la financiación de las autonomías a través de impuestos cedidos por el Estado y otras participaciones en los ingresos «han de adoptarse con carácter general y de forma homogénea para todo el sistema y, en consecuencia, por el Estado […]», no siendo posibles «decisiones unilaterales que… tendrían repercusiones en el conjunto … y condicionarían las decisiones de otras Administraciones autonómicas y de la propia Administración del Estado». La sentencia indica que el foro para discutir estas cuestiones es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no otro. Por cierto, fue en este órgano donde la consejera de Economía de la Generalitat en funciones, Natàlia Mas, pidió el pasado 15 de julio una suerte de concierto económico que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó con rotundo «no estoy de acuerdo».«Tiene la apariencia de una gran inconstitucionalidad» Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, no quiere hacer juicios categóricos hasta que se plasme en una ley el preacuerdo entre ERC y PSC para que Cataluña se salga del régimen común de financiación de las autonomías. Pero por lo que ha trascendido del mismo, cree que «lo que ahora se propone no son criterios generales sino específicos que sólo se van a aplicar en Cataluña». Por tanto, «la apariencia es de una gran inconstitucionalidad», declaró ayer en una entrevista concedida a Canal Sur Radio. Este profesor insiste: «Ahora se quiere hacer una cesión única y exclusivamente a Cataluña, no acabo yo de ver cómo entra eso en la Constitución Española y si entran el País Vasco y Navarra es porque hay una disposición que lo permite». También considera «asombroso» y «extraño» que los dos partidos catalanes pacten actuaciones que no afectan solo a su comunidad autónoma sino que consisten en «cambiar leyes del Estado».Para Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada , el acuerdo con ERC para investir al socialista Salvador Illa pretende «hacer un concierto para Cataluña que va a distinguir su financiación» de la de Andalucía. « No acabo yo de entender cómo eso va a ser constitucional y cómo puede defenderse la igualdad de los ciudadanos y las autonomías con ese pacto».Reforma del Estatuto catalánOtros expertos en Derecho Constitucional consultados por ABC opinan que los preceptos de la CE que podrían verse vulnerados si este cambio saliera adelante, son todos los que regulan el principio de solidaridad entre los distintos territorios y la potestad de Estado para garantizarlo , recogidos en los artículos 2, 138, 156, 157 y 158, además de la disposición adicional primera que reconoce los derechos históricos de los territorios forales. La pretendida independencia fiscal de Cataluña choca con su propio Estatuto de Autonomía, que ahora no recoge ninguna financiación singular. La Carta Magna establece un modelo uniforme para todas las comunidades —con las excepciones vasca y navarra— y reserva su control al Estado porque es la única manera de asegurar la solidaridad interterritorial, detallan estas fuentes jurídicas.
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