Una fotografía, tras un acuerdo exitoso, parece un mero trámite. Aunque hay imágenes que pesan demasiado con el paso del tiempo. Algo parecido deben pensar en el Comité Olímpico Español ( COE ), que el pasado 1 de julio anunció la firma de un contrato de patrocinio en especie para promoción de la marca con Fuentes –empresa involucrada a través de su matriz en una trama que investiga la justicia–. Este acuerdo se extiende hasta la terminación de los juegos, según explican desde el COE a este diario. Añaden, además, que no existe todavía ninguna sentencia en firme sobre la empresa.El presidente del máximo organismo olímpico nacional, Alejandro Blanco , posaba con el director comercial de la marca alimentaria, Isaac Hermo, y anunciaron dicho «patrocinio en especie» a través del cual la empresa española se convertía en suministrador exclusivo de atún rojo y salazones de la Casa de España del COE durante los Juegos Olímpicos de París.Noticia Relacionada estandar No Boxeo El Balín se queda sin medalla Pío García En un combate muy reñido, entre dos púgiles de características similares, Rafa Lozano pierde y acaba con un diploma olímpicoEste tipo de movimientos son habituales ante las grandes citas deportivas, como es el caso de los JJOO. En este contexto, Blanco presentó el acuerdo con el objetivo de «apoyar al movimiento olímpico español este verano en la capital francesa con productos nacionales y de calidad». El presidente del COE aseguró que «contar con el apoyo de Fuentes es un honor para el Comité Olímpico Español. Esta unión refuerza nuestro compromiso por situar la Marca España en lo más alto del panorama internacional a través de los excelentes productos que se elaboran en nuestro país junto a empresas nacionales de larga trayectoria y reconocido prestigio internacional».El entusiasmo puede tornarse en preocupación por la imagen que se proyecte de esta empresa ahora mismo. Todo ello con el COE en mitad de los Juego Olímpicos. Un puñado de días después de firmar este acuerdo trascendió que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón propuso juzgar a ocho personas y a doce empresas, entre ellas el principal grupo exportador de atún a nivel mundial –Grupo Ricardo Fuentes– , por la comercialización de atún rojo presuntamente procedente de la pesca ilegal y por el supuesto blanqueo de los «cuantiosos» beneficios obtenidos.El potencial problema reputacional al que se enfrenta el COE con su socio durante los JJOO es que la investigación arranca en 2018. Desde entonces, Grupo Ricardo Fuentes ha estado vigilado por la justicia por dichas prácticas en el negocio del atún rojo.Ahora, la investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, «poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores», según el auto al que ha accedido ABC.El grupo de empresas Ricardo Fuentes, al que la juez envía a juicio junto con otras once mercantiles, es el mayor exportador de atún rojo, tiene su sede central en Cartagena y dispone de diferentes granjas de engorde en las provincias de Murcia, así como en Malta y Túnez. También cuenta con almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.El Ministerio, de ladoTras la investigación a Grupo Ricardo Fuentes, el COE no ha realizado ningún tipo de comentario público. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sí quiso referirse al asunto cuando estalló la polémica. Pidió el «máximo respeto» y «contundencia» ante la investigación abierta por la Audiencia Nacional.«Primero hay que respetar no solo a la investigación sino a la tramitación judicial de este tema, pero, evidentemente, si alguien ha incumplido las leyes debe asumir sus consecuencias. No me adelanto a ninguna resolución judicial, pero evidentemente quiero decir que ésta no es la realidad del conjunto de nuestro sector pesquero, que al contrario respeta la legalidad». Este discurso del ministro Planas pareció una pequeña defensa de lo sucedido, pero quiso zanjar el tema para que no hubiera malentendidos. «La posición del Gobierno es tolerancia cero frente a cualquier irregularidad, ya que España es muy beligerante en contra de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada».Fuentes del sector explican a ABC que resulta extraño que el COE no supiera medir el potencial daño reputacional que podía sufrir si finalmente se emite una sentencia desfavorable para el patrocinador en especie para estos Juegos Olímpicos
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