El reconocimiento de un modelo de financiación específico para Cataluña que dejara la recaudación y la gestión de todos los impuestos que se generan en el territorio a la Generalitat y sustanciara su aportación a la caja común con un sistema de cupo y aportación a la solidaridad similar al propio de las haciendas forales pasaría una factura millonaria tanto para las comunidades autónomas que se benefician de la solidaridad entre territorios que defiende la Constitución como para las propias arcas del Estado que sufrirían un extraordinario deterioro si tal sistema llegara a aplicarse.Así se advierte en un análisis preliminar sobre la instauración del modelo previsto en el acuerdo político entre PSC y ERC para la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa difundido este miércoles por Fedea y elaborado por el que pasa por ser uno de los mayores expertos en materia de financiación autonómica, el director gerente del ‘think tank’ y coordinador del último comité de expertos constituido para la reforma del sistema, Ángel de la Fuente. El informe estima que de aceptarse las exigencias de máximos que en los últimos meses ha venido planteando el Gobierno catalán, y que sitúan la brecha entre lo que entienden que el territorio aporta al Estado y lo que recibe en 22.000 millones de euros, la aportación de Cataluña a la caja común se reduciría a una tercera parte, desde los 32.445 millones de euros en impuestos pagados en Cataluña que acaban en la caja común a menos de 10.500 millones, lo que forzaría un recorte cercano al 20% (del 17,8%) en los recursos que reciben las comunidades autónomas del sistema de financiación para el sostenimiento de sus servicios públicos fundamentales. La maniobra dispararía la financiación por habitante de Cataluña un 85% por encima de la media, es decir, casi el doble de la que reciben los ciudadanos del resto de comunidades autónomas no forales y por ende casi el doble de la que los catalanes reciben ahora, que según Fedea ya se sitúa ligeramente por encima de la media.Noticia Relacionada estandar Si La aportación de Cataluña a los servicios básicos de otras autonomías cae un 14% en la era Sánchez Bruno PérezDe la Fuente estima, no obstante, este escenario radical como poco probable y plantea otras dos proyecciones más factibles sobre la base de la brecha de consenso que arroja la metodología sobre balanzas fiscales más aceptada a nivel internacional y un segundo escenario en que ese brecha -que la Generalitat no acepta- se ampliara para asegurar un acuerdo político. En ambos escenarios el deterioro de los flujos de financiación que reciben las comunidades autónomas con menos capacidad de generar ingresos fiscales es relevante y las pérdidas para la caja común del Estado lo son aún más.Las proyecciones realizadas por Fedea concluyen que aún en el escenario más modesto, en el que solo se reconociera el 30% de la brecha fiscal de 22.000 millones de euros que denuncia la Generalitat y Cataluña se quedara con 6.600 millones de euros más de los que dispone en la actualidad, la financiación por habitante de Cataluña se situaría holgadamente por encima del resto de comunidades autónomas, incluso de las que presentan una mayor capacidad fiscal como la Comunidad de Madrid o Baleares quebrando de este modo el principio de ordinalidad, que también reivindica el acuerdo entre PSC y ERC y que dicta que la redistribución de recursos entre territorios no puede hacer que las comunidades autónomas receptoras de recursos acaben mejor financiadas que las que los aportan. De la Fuente advierte de que corregir esta potencial distorsión exigiría ampliar el sistema aplicable a Cataluña a las otras comunidades autónomas ricas, Madrid y Baleares , y avisa de que ese paso dinamitaría ya por completo la redistribución entre territorios necesaria para cumplir el principio constitucional de que todos los españoles tengan un acceso similar a los servicios públicos residan donde residan. Las proyecciones realizadas por Fedea subrayan que garantizar esa ordinalidad detraería 13.000 millones de euros que actualmente Baleares y la Comunidad de Madrid aportan a la caja común, que sumados a los 13.000 millones extra que podría llegar a obtener Cataluña en la negociación política abrirían un agujero de 26.000 millones de euros en las arcas del Estado casi imposible de llenar, ya que equivaldría al 18% de sus ingresos totales.«El dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación catalana (y la de otras comunidades, en su caso) tendrá que salir de algún sitio», advierte Ángel de la Fuente en el informe circulado este miércoles. «Si ninguna comunidad autónoma puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos«.
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