«Una mínima exigencia para no ser un Estado fallido es que haya eficacia policial y judicial y ayer, delante de toda la ciudadanía y de todos los países de la UE pareció que damos un paso atrás». Son palabras de Fernando Portillo, magistrado y portavoz del Foro Judicial Independiente, acerca de la comparecencia pública y posterior huida del ya antes prófugo expresidente catalán Carles Puigdemont . En conversación con ABC, subraya que las órdenes de detención «sólo pueden dejarse sin efecto por la vía del recurso, pero no por la vía de los hechos». «Nunca he visto que una orden de busca y captura se deje de cumplir de un modo tan flagrante», comenta el que ha sido decano de los juzgados de Melilla durante los últimos ocho años. En su opinión, «se ha impedido al Poder Judicial desarrollar las funciones en el ámbito de su competencia al no atender esa orden», que tenía que ser cumplida al margen de que se estuviese o no de acuerdo con que Puigdemont pueda acogerse a la ley de Amnistía . «La resolución del Supremo que no aplica la amnistía a la malversación será una decisión correcta o incorrecta, pero ha sido adoptada con argumentos, razonadamente, dentro de las propias competencias que tiene el Supremo, que es interpretar la ley. Se ha firmado por unos magistrados que se hacen responsables, con unos argumentos que todo el mundo conoce y es recurrible. Sin embargo, de lo que ha ocurrido no sabemos nada . Ni qué ha pasado, si ha sido negligencia, si han sido instrucciones desafortunadas, si ha habido personas que han actuado intencionadamente… Nadie ha asumido responsabilidades», reflexiona.Noticia Relacionada estandar Si Llarena amplía el foco a Interior por el «fracaso» al detener a Puigdemont ISABEL VEGAEl resultado, dice, la imagen que se traslada a la ciudadanía. «Entiendo que pueda dar la impresión de que cuando hay intereses políticos sobre la mesa, no existe tanto celo en aplicar la ley o procurar la obediencia a los tribunales creando agravios comparativos entre unos ciudadanos y otros: los de primera clase, respecto de los que cabe toda la flexibilidad y el resto de los que no se admiten excepciones», lamenta. Un sentir similar muestra Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Jueces Francisco de Vitoria . Considera que la imagen fue «lamentable» y apunta que «provoca un daño muy grave a cómo se percibe el Estado de derecho en España a nivel internacional». «Los jueces pueden dictar órdenes de detención pero la ejecución depende de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad . He escuchado las explicaciones que han dado y con independencia de que el conseller de Interior ponga en duda la orden de detención por la ley de Amnistía, espero que alguien asuma las responsabilidades por lo que ocurrió» comenta el jurista a ABC. La responsabilidad En su opinión, «dudar de la legitimidad de la orden da más gravedad al caso porque parece que hay un ordenamiento jurídico para políticos y otro para el resto de los mortales y eso crea una imagen que se queda en la ciudadanía». «Es un paso más en el desprestigio de la legitimación del Poder Judicial, que tiene el mismo nivel e importancia que el Legislativo y el Ejecutivo y es la hermana pobre de los poderes del Estado porque su ejecución y eficacia depende del resto. Esto nos desprestigia», zanja. Desde Juezas y Jueces para la Democracia , el parecer es diametralmente opuesto. «No creo que este tipo de cosas influyan en la percepción de la ciudadanía de la Administración de Justicia, porque no corresponde a los tribunales hacer efectivas las órdenes que se dan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», escribía a ABC el portavoz, Edmundo Rodríguez. En su opinión, no tiene por qué incidir negativamente en la imagen pública de la Justicia. «Los tribunales de justicia no son los responsables de la detención. Lo sucedido no es responsabilidad de quien ordenó y dispuso la medida cautelar», añadía. En la Asociación Profesional de la Magistratura han declinado hacer comentarios.
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