La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe que alerta al juez Ismael Moreno de la posible « incompatibilidad » en que puede incurrir la Abogacía del Estado, que representa al número 3 del Ministerio de Transportes, el subsecretario Jesús Manuel Gómez, cuando debería ejercer la acusación por la concurrencia de delitos que afectan a toda la ciudadanía, como lo son los ilícitos contra la Hacienda Pública que se investigan. La acusación popular que ejerce Liberum ultima un escrito en el mismo sentido . El informe, al que tuvo acceso ABC, se produce después de que los servicios jurídicos del Estado se personasen para ejercer la defensa de Gómez , que está citado a declarar en calidad de imputado el próximo 9 de septiembre por su ascendencia sobre los dos departamentos que compraron mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Gestión, Adif y Puertos del Estado. Además, la investigación ha revelado que mantenía relación con el otro asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos , Koldo García, epicentro de la trama investigada. Para la Fiscalía Anticorrupción , «si bien actualmente no ha sido interesada la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular ante el eventual delito contra la hacienda pública, a efectos de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la citada ley de Asistencia jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos«. Noticia Relacionada estandar Si La trama de Fomento: 17 millones de beneficio, 88 cuentas y 13 fincas Carmen Lucas-Torres El sumario sitúa al ministerio como «eslabón fundamental» de los contratos de mascarillasLa causa se sigue por ilícitos que van del tráfico de influencias al cohecho, pasando por prevaricación y organización criminal. Los delitos contra la Hacienda Pública afloraron cuando los investigadores hicieron seguimiento del dinero facturado al Estado por Soluciones de Gestión y colaboradores como el presunto comisionista de la trama Víctor de Aldama, quien además, habría estado derivando a Portugal su patrimonio para eludir el pago de impuestos. Fueron operaciones por importe de 53 millones de euros en material sanitario de los que el beneficio habría ascendido a 16,9 millones. En concreto, Anticorrupción pidió que García fuese citado como investigado , igual que el responsable de Personas en Adif, Michaux Miranda y el exsecretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares , por la sospecha de que «podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión». «Tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias», decía aquel informe adelantado por ABC. Hacienda paró sus inspeccionesDurante la instrucción, Hacienda informó al juzgado de que tenía inspecciones abiertas al propio Koldo García y su mujer, Patricia Úriz. Solicitaba instrucciones sobre el modo de proceder, porque los expedientes administrativos han de quedar en suspenso en tanto se investigan los mismos hechos por la vía penal. Esa fue la decisión que adoptó el magistrado Ismael Moreno, ordenar la paralización para seguir con las pesquisas abarcando también estos posibles delitos. De ahí que Anticorrupción subraye que la Abogacía podría tener que acabar entrando en representación de los intereses del Estado, lo que chocaría con su defensa del subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, quien había recurrido a sus servicios porque los hechos que se investigan tuvieron lugar estando él en su puesto , el mismo que sigue ocupando en la actualidad. En paralelo, la acusación popular que ejerce la Asociación Liberum, ultima un escrito para oponerse a que los servicios jurídicos del Estado representen al investigado, al entender, por un lado, que subyace esa posible incompatibilidad y, por otro, que la índole de los hechos que se investigan desaconseja que lo público costee la defensa de quien podría ser una pieza clave en el entramado.
Leave a Reply