El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha rechazado la pretensión de la Fiscalía de vetar el acceso de las acusaciones populares y las defensas a la grabación de la comparecencia del presidente del Gobierno como testigo en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio en el contexto de la causa por la que su esposa, Begoña Gómez, está imputada. Tendrán acceso a copias de la cinta, de escasos minutos de duración. En una providencia a la que tuvo acceso ABC, el juez da cuenta de que el fiscal solicitó el pasado 3 de agosto que «no se haga entrega de la copia de las grabaciones del 30 de julio» a las acusaciones, alegando «que esa hipotética entrega carecería de utilidad material o procesal, sin indicar precepto legal alguno que justifique la denegación que se pretende».El juez razona que si bien es cierto que el testigo se acogió a la dispensa legal que permite no declarar contra el cónyuge y «no realizó manifestación alguna respecto de las posibles preguntas que se le hubieran podido realizar y que si no se consideraran impertinentes por este Instructor, habría de haber contestado bajo juramento, lo cierto es que por parte del Ministerio Fiscal en el referido escrito no hace referencia a precepto legal alguno que justifique que está realizando su labor de velar por el cumplimiento de la legalidad» con esa petición. Noticia Relacionada reportaje Si El día que la Moncloa se convirtió en una sala de vistas Juan Fernández-Miranda ABC reconstruye una jornada histórica en la que el presidente del Gobierno declaró como testigo en una causa que investiga a su mujer por corrupción. En el Palacio, a seis kilómetros del juzgado, todo estaba calculado al milímetro«Se limita a exponer razones de supuestas filtraciones y divulgación, que puede resultar improcedente, y no concreta los motivos que puedan hacer presumir tal improcedencia», continúa el magistrado. Entiende que «sin perjuicio de que efectivamente las filtraciones» de materiales de la causa «se vienen llevando a cabo por todas las partes procesales» y «a pesar de las reiteradas advertencias», las partes «tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen» en las diligencias previas, y eso incluye el contenido de los soportes digitales. Lo argumenta por la relevancia de «la interpretación procesal que se pueda realizar» de ese tipo de comparecencias, «bien por lo que contesten o bien por su silencio, legítimo, pero que, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo» para valorar si hay «indicios en sentido inculpatorio» o «excluyente de responsabilidad penal».Concluye de este modo que «no puede ser atendida la pretensión del representante del Ministerio Fiscal» y ordena por tanto que se expidan «las copias del acta, y de los soportes digitales en los que se contiene la diligencia llevada a cabo el día 30 de julio con respecto del testigo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, previa aportación por las partes del correspondiente soporte tecnológico en el que facilitarles dichas copias». De Moncloa a la caja fuerte del juzgadoLa comparecencia de Sánchez se produjo en su despacho en el Palacio de la Moncloa, como informó este diario. El juez había ordenado proceder así en atención a su cargo. Los técnicos al servicio del juzgado prepararon los recursos necesarios un día antes. Habían llevado dos cámaras, seis micrófonos y un séptimo por si acaso, un altavoz, un par de procesadores de audio, dos grabadoras de DVD, varios discos y hasta tres ordenadores portátiles. Aquella habitación se dispuso con la configuración de una sala de vistas, con acusaciones y defensas a uno y otro lado del juez y Sánchez sentado tras una mesa y con el objetivo de dos cámaras dirigiéndose hacia él. Sin embargo, no hubo interrogatorio como tal, pues tras iniciarse la sesión y después de que el juez le preguntase (en una fórmula de rigor) si tenía alguna relación con alguno de los investigados en la causa (él contestó que Begoña Gómez es su mujer), se acogió a su derecho a no prestar declaración alguna sobre ella. Los vídeos salieron de La Moncloa en una ‘galletera’, la clásica torre con tapa para guardar discos compactos, y fueron directos a la caja fuerte del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid junto con los portátiles en los que se almacenó también la grabación mientras esta se registraba. Varias acusaciones populares, como las que ejercen Iustitia Europa o HazteOír, solicitaron acceso a las copias, especialmente porque sólo pudo asistir en representación de todas la letrada de Vox, Marta Castro. Aglutina la acción popular por decisión del magistrado. Sin embargo, el juez no se había pronunciado al respecto hasta ahora y lo hace ante la iniciativa de la Fiscalía, que apenas cuatro días después de que se produjera la comparecencia pidió que se impidiera el acceso de las acusaciones populares a las cintas so pretexto de que acabarían en la prensa. El juez, aunque le da la razón en este punto, critica en su resolución que no argumente la decisión en términos jurídicos. Contra la resolución cabe recurso de reforma y después, de apelación, pero entre tanto, las acusaciones pueden recoger las copias en el juzgado.
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