El Ministerio de Trabajo finiquitó este jueves la mesa de negociación tripartita para la reducción de la jornada laboral tras retirarse CEOE y Cepyme de forma definitiva del posible acuerdo y rechazar la propuesta elaborada por el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Gobierno da así por finalizadas las conversaciones con las patronales y además anuncia que retirará el paquete de ayudas para las empresas, tal y como había avanzado ABC. Unas compensaciones que aseguran sólo tenían sentido con las organizaciones empresariales dentro del pacto. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunció tras los que fue la última mesa a tres bandas que arranca ahora una negociación exprés con UGT y CC.OO. para cerrar los términos del texto del anteproyecto de ley que llevará al Congreso lo antes posible. De hecho, el número dos de Yolanda Díaz confirmó que desde este viernes se inicia el proceso de audiencia pública, como el primer paso del trámite legislativo de la medida. En este punto, como se había avanzado desde este medio, la primera de las consecuencias del rechazo de las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva es la retirada del paquete de ayudas económicas para las empresas. Entre ellas, las bonificaciones para la contratación de empleados en empresas de menos de diez trabajadores que se vieran obligadas a reforzar las plantillas para tapar los huecos generados por el recorte horario y las ayudas directas de hasta 6.000 euros para las empresas de menos de cinco trabajadores destinadas a la digitalización de los negocios. «El texto cambiará, hay aspectos que solo tenían sentido con la patronal dentro», reconocía Pérez Rey al término de la reunión mantenida este jueves deslizando que los propios sindicatos ya se habían pronunciado en este sentido durante el encuentro y asegurando que «las ayudas o apoyos a las empresas no parecen de recibo en la búsqueda de un acuerdo con las organizaciones sindicales». Este sentido de la negociación bilateral que arranca desde este momento -aún sin fecha confirmada para la primera reunión entre trabajo y los sindicatos- fue igualmente atestiguado por el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, asegurando que la incorporación de ayudas para las empresas en el perímetro de la reducción de jornada es una cuestión que debía de ser atendida por CEOE y Cepyme, y señalando que no es responsabilidad de los sindicatos proteger esas ayudas en la negociación bilateral con el Gobierno. Endurecimiento de sancionesDe hecho, en esta nueva fase, de la que Pérez Rey aspira a un acuerdo «inminente», parece que UGT y CC.OO. centrarán sus demandas en las garantías de aplicar un registro horario efectivo del que la Inspección de Trabajo pueda hacer un seguimiento remoto. Y también endurecer las sanciones económicas para las empresas que incumplan, tanto con un incremento de las cuantías a considerarse las infracciones como muy graves como una multiplicación de las mismas al atribuir a las empresas una falta por cada uno de los trabajadores afectados. (HABRÁ AMPLIACIÓN)
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