La DANA que ha asolado Valencia ha dejado por delante una larga lista de reflexiones por hacer. Entre ellas, la que atañe no solo a las obras hidráulicas , sino al rumbo de la política hídrica de España. Según ha ilustrado este miércoles la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), mientras que el Gobierno tiene presupuestados 2.500 millones de euros para restaurar ríos (lo que incluye el derribo de azudes abandonados), la infraestructura hidráulica arrastra un agujero de inversión que llega a los 3.000 millones. «¿Esta es la prioridad de la política hidráulica española? ¿Destruir pequeños azudes que tienen cien años, y luego no hay dinero para hacer las presas que van a permitir la laminación de avenidas [crecidas en los ríos]?», se ha preguntado su presidente, Juan Valero de Palma. La asociación que representa a 700.000 regantes calcula que hasta la fecha se han ejecutado sólo tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos y que un 29,2% de infraestructuras hidráulicas de interés general no se ha construido. «Ha habid o un parón en la construcción de embalses porque no se han analizado estas cosas de manera técnica, científica. Se ha metido demasiada ideología y nos hemos pasado al otro extremo: de hacer muchos embalses a no hacer ninguno», ha criticado. En concreto, en la planificación hidrológica anterior se llegaron a incluir hasta cien presas . De ellas, los planes hidrológicos actuales solo han previsto la construcción de 27 en toda España. El resto se han descartado. Por ello, Fenacore pide que a corto plazo al menos estas 27 sí se ejecuten. «Son imprescindibles en un país como España», ha dicho el presidente de los regantes, que ha defendido que no solo ayudan a controlar las crecidas en los ríos en caso de lluvias torrenciales, también aportan seguridad hídrica frente a la sequía, permiten el desarrollo de la agricultura o la obtención de energía hidroeléctrica. No obstante, a medio plazo Fenacore pide una reflexión mayor . «Es curioso que la provincia con la mayor inundación del siglo, Valencia, no tenga prevista ninguna presa», destacó Valero. En opinión de los regantes, de cara a la elaboración de los siguientes planes hidrológicos, será el momento de revisar los estudios de coste-beneficio por los que se denegó la construcción de presas previstas. También sería necesario analizar las causas que han llevado al abandono de otros proyectos, a veces por meras cuestiones políticas.«Si queremos que esto [la tragedia en Valencia] no se vuelva a repetir, los 27 embalses aprobados que se hagan, por favor. Ya hemos renunciado a 70 embalses que estaban en el segundo ciclo de planificación y que habría que revisar », apuntó Valero. Sobre todo porque la falta de inversión en obras de regulación agrava la amenaza que suponen los fenómenos climatológicos más extremos, apunta el estudio.El presidente de los regantes incidió en que en la cuenca del Júcar, la más afectada por la reciente DANA, se llegaron a plantear cuatro presas para prevenir inundaciones que no se ejecutaron nunca: la de Cheste, la de Villamarchante, la de Montesa y la del Marquesado, en el río Magro. «Pido que revisemos el análisis coste-beneficio. La sociedad, con la información que nos da esta DANA, probablemente nos tendremos que plantear si hubiéramos hecho estas presas y se hubieran ejecutado, cuántas vidas hubiéramos salvado y cuántos millones de euros nos hubiéramos ahorrado», dijo.PérdidasPor otra parte, la asociación de regantes ha cuantificado los daños ocasionados por la DANA a los cultivos. En total, las inundaciones han causado pérdidas por más de 250 millones de euros, ya que no solo se ha perdido la cosecha del año en viñedo, caquis, cítricos y otras producciones que había en la zona afectada, sino que también se han detectado daños en las infraestructuras como canales de riego, tuberías, instalaciones eléctricas o rotura de acequias. Y hay otro peligro al que se enfrentan: la pérdida del arbolado , ya que han estado en terreno inundado muchos días, dañando las raíces. Replantar estos árboles puede suponer otros cinco a diez años de espera hasta que vuelvan a ponerse en producción. «Es un drama», resumió el presidente de Fenacore. Consideran que los 444,5 millones que el Gobierno ha aprobado en ayudas al sector agrario hasta ahora se quedarán cortos frente a los daños del sector y pérdida de productividad.
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