HazteOír ha formalizado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, por delitos de homicidio imprudente, prevaricación y omisión del deber de socorro en la respuesta del Ejecutivo central a los efectos de la DANA en Valencia y por comparación con la que se articuló en el año 2011 tras el terremoto en la localidad murciana de Lorca. La querella, a la que tuvo acceso ABC, incluye así un informe del militar retirado Rubén Pulido que se detiene en el despliegue de efectivos en ambas catástrofes para concluir que mientras en Lorca, los ciudadanos asistieron a «un modelo de respuesta eficaz», para los municipios de Valencia no se produjo la «coordinación fluida» que se debía, como tampoco un despliegue en tiempo y forma adecuado a la magnitud del desastre. Para la asociación, en la gestión sobre la marcha y la respuesta posterior al desastre se observan «conductas con posible relevancia penal» que deben ser objeto de investigación en el Supremo, donde los miembros del Ejecutivo están aforados. Consideran que ha concurrido «una clara omisión» del deber de actuar, una «inacción y falta de ayuda a las víctimas» que a su juicio ha derivado en «un aumento de los fallecidos y lesionados» . Noticia Relacionada estandar Si El descontento ciudadano mueve la manifestación en Valencia un mes después de la Dana Gerard Bono Cambios en las operaciones retrasan la recuperación y los ciudadanos cuestionan a los representantes locales, que en muchos casos carecen de información al respectoLa querella hace hincapié en «la tardía movilización de los efectivos del Ejército español, actuación que contrasta con otros despliegues que se han dado en el pasado en el contexto de otras catástrofes», como en la riada en Bilbao de 1983 cuando el Gobierno de Felipe González movilizó 10.000 soldados en 48 horas o la propia experiencia de Lorca. Pero también denuncian la «negativa sistemática del Ministro del Interior y del Gobierno de España a la ayuda internacional ofrecida a las 48 horas de la tragedia», la falta de declaración del estado de emergencia nacional que podía haber instado por competencias el Ministerio del Interior cuando era «indiscutible que el alcance del desastre excede del ámbito territorial valenciano» o que el Ejecutivo no tenía que esperar a recibir peticiones de ayuda porque con la legislación vigente «existía así un deber, y no una mera opción, de intervenir con el fin de garantizar la protección de los ciudadanos».«La suma de actuaciones y omisiones imprudentes previamente descritas solo puede, a juicio de esta parte, entenderse desde dos posibles perspectivas: o se dio por parte de todos los querellados una negligencia absoluta y criminal que debería inhabilitarlos para gestionar cualquier asunto público o se dio una actuación imprudente y consciente dirigida al desgaste del oponente político», argumenta la querella.
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