La ‘gran’ empresa pública de vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el domingo en el 41º Congreso Federal del PSOE ya existe desde hace décadas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reveló ayer que será la entidad pública que administra los suelos propiedad del Estado, Sepes, sobre la que orbitará la nueva empresa estatal, que a partir de ahora se dedicará además de a la promoción de suelo a la gestión de la venta y alquiler del futuro parque inmobiliario estatal . Lo que no hará será construir vivienda, como aseguró de manera errónea el líder del Ejecutivo en su declaración. En realidad, el Gobierno ya había investido a Sepes de los poderes para operar como una suerte de empresa pública de vivienda al encomendarle el desarrollo del Plan de Vivienda de Alquiler Asequible . La entidad ya no se limita a tramitar el papeleo y las licencias necesarias para poder poner los suelos titularidad del Estado en condiciones de ser desarrollados por un tercero, sino que además ya puede actuar como promotor de ese suelo en los casos que se considere necesario o adjudicar ese trabajo con una promotora de carácter público o privado.Noticia Relacionada Tras el anuncio de Sánchez estandar No La construcción: «No necesitamos una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica» Antonio Ramírez Cerezo El sector pide que se apueste por la colaboración público-privada y no cree que el plan del Gobierno vaya a resolver los problemas de vivienda en EspañaHace poco más de un mes, en una maniobra que desde ayer se observa desde una óptica diferente, el Ministerio de Vivienda retocó el convenio con Sepes que regula la ejecución del plan para ampliar el margen de maniobra de la empresa estatal y permitirle que destine parte de los terrenos y edificaciones incluidas en el mismo a actuaciones distintas a la promoción de vivienda asequible o social, «cuando por razones urbanísticas, técnicas, estratégicas o de cualquier otra índole no sea posible u oportuno destinar directamente todos los terrenos o edificaciones» a ese fin. El retoque abre la puerta a que Sepes pueda destinar una parte de esas promociones al mercado libre de manera excepcional, con el requisito de que los ingresos obtenidos se reinviertan en el desarrollo del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible. Asimismo, el convenio entre Sepes y el Ministerio de Vivienda también contempla ejecutar otro tipo de actuaciones con el mismo pretexto de reforzar económicamente el plan y tener una mayor dotación para nuevas actuaciones de promoción de alquileres por debajo de mercado como pueden ser parcelas con uso comercial «cuya venta o enajenación genere retornos», explican desde la entidad.Hace apenas seis años, en 2018, Sepes era un mero administrador de suelos adquiridos por el Estado a precio de mercado -muchos durante la era del Gobierno Zapatero para desarrollar un parque público de vivienda- y convertidos en inversiones ruinosas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, que en algunos casos rebajó su valor prácticamente a cero.Apoyo millonarioEl regreso al Gobierno de los socialistas resucitó los planes frustrados de desarrollo de un parque estatal de vivienda pública a precios asequibles trazados por Zapatero y reactivó a Sepes como herramienta de esos planes, hasta el punto de que desde el año 2018 ha recibido más de 1.600 millones de euros de los Presupuestos del Estado para poner en el mercado alrededor de 20.000 viviendas públicas sin que hasta el momento ese esfuerzo se haya traducido en resultados tangibles. Esos esfuerzos por hacer revivir a la propietaria de los suelos del Estado se han hecho más patentes desde mediados del año pasado, cuando el Gobierno puso en marcha un plan para levantar 184.000 viviendas destinadas al alquiler social y asequible. De esa cantidad, unas 36.000 corresponden a Sepes, que ya tendría aproximadamente 17.000 firmadas o en desarrollo a través de 29 actuaciones en distintos puntos del país. El desarrollo que va más avanzado es el de las 532 casas de Can’ Escandell que fue adjudicado a ASCH Infraestructuras en julio -imponiéndose a gigantes como Acciona y OHLA -, con un plazo de ejecución de 16 meses.No es la única misión que el Gobierno le ha confiado en los últimos tiempos. Sepes también hará sus pinitos en la gestión directa de alquileres tras recibir la encomienda de comprar viviendas para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana . La idea del Ejecutivo es que la entidad adquiera casas, que en un primer momento serán gratuitas, para las familias que hayan perdido sus viviendas durante la riada del pasado 29 de octubre, y se les conceda un periodo de carencia oportuno para que puedan abonar el primer pago. Una vez los inquilinos abandonen las viviendas, estas permanecerán bajo la titularidad pública de Sepes y serán destinadas al alquiler social y asequible. Las sospechas de que Sepes se acabaría conviertiendo en la empresa de vivienda del Estado fueron ayer confirmadas por la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que en los últimos tiempos ya venía insistiendo en que Sepes sería la piedra angular de los planes inmobiliarios del Ejecutivo. Rodríguez aseguró que la entidad será reconvertida y «fortalecida» para que sea una compañía capaz de gestionar todo el proceso inmobiliario desde el desarrollo del suelo hasta la gestión final de las viviendas, según aseguró durante una entrevista en TVE. El papel de la SarebLa ministra explicó que el fin es que se construyan viviendas públicas para alquiler y compra, pero que sean constructoras privadas las que levanten lan casas. A la nueva empresa se le pondrá a disposición «todo el patrimonio del Estado», sumando a los suelos de Sepes, otros del Ministerio de Defensa y de Adif. También se incorporarán activos de Sareb, aunque la ministra no ofreció más especificaciones. El conocido como ‘banco malo’ tiene un papel principal en el plan del Gobierno para alquileres asequibles, al que aporta 50.000 unidades , pero su desaparición está programada para 2027 y no queda claro si se demorará o no. De querer absorber sus activos antes, la nueva empresa podría tener que ofrecer una contraprestación económica.
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