La Fiscalía ha informado a favor de que se investigue la posible responsabilidad penal del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón , por su gestión de la catastrófica dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordó el viernes acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra Mazón y otros tres miembros de su gobierno «sobre los mismos hechos». Dio entonces dos días al Ministerio Público para pronunciarse al respecto.En su informe, avanzado por El País y al que ha accedido ABC, la Fiscalía solicita que estas diligencias, que afectan a varias personas, se trasladen primero a un juzgado de instrucción , y se remitan al alto tribunal valenciano sólo en el caso de que se encuentren «indicios de criminalidad suficientes» en la actuación del presidente autonómico, único aforado entre los denunciados. En ese supuesto, el juez debería elevar una exposición razonada al órgano superior.No obstante, la decisión última sobre el devenir de la causa corresponde ahora al pleno de la Sala de lo Civil y Penal, que está integrado por la presidenta de la misma y del TSJCV, Pilar de la Oliva, y por otros cuatro magistrados.Las querellas y denuncias formuladas contra Carlos Mazón tras la riada son una primera de la organización Iustitia Europa; dos del sindicato CGT; dos presentadas por abogados; y dos más de particulares. Algunas se dirigen también contra la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso y el director general del rango Alberto Martín.En su conjunto, les atribuyen los presuntos delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación, imprudencia grave, abandono de servicio público, homicidio por imprudencia, lesiones, daños y contra los derechos de los trabajadores. La tragedia ha dejado un balance provisional de 223 muertos , tres desaparecidos y daños multimillonarios.Investigación «única y conjunta»En concreto, el escrito de la fiscal María José Montesinos de Lago apoya una investigación sobre las responsabilidades penales derivadas de la barrancada, pero razona que debe realizarse en un juzgado de instrucción por ser el órgano que «naturalmente tiene atribuida dicha función investigadora» y llevarse a cabo de forma «única y conjunta» ante «la magnitud de la causa» o el «ingente número de perjudicados».Además, subraya que actualmente «no consta singularizada» la intervención de los denunciados en lo ocurrido, pese a que los escritos presentados en sede judicial coinciden en que, «con desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas, y ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida».En ese sentido, la instrucción servirá también para concretar «la intervención, o, en su caso, inacción, de cada uno de los querellados y denunciados» .Por su parte, fuentes de la Generalitat defienden que la Fiscalía «ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta contra Carlos Mazón y por eso pide que la causa la instruya un juzgado ordinario y no el TSJCV, que es el único competente para juzgar al presidente».
Leave a Reply