Consumo abre expediente a una plataforma de pisos turísticos por anunciar viviendas sin licencia

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Consumo abre expediente a una plataforma de pisos turísticos por anunciar viviendas sin licencia

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador una plataforma de alquiler de pisos turísticos «tras advertir a la misma de la necesidad de retirar ‘de forma inminente’ miles de anuncios sobre pisos turísticos que contenían publicidad ilícita y haber sido mantenidos por la misma», según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy. En ningún momento el Ministerio ha dado el nombre de la compañía, pero por el mensaje publicado esta mañana en redes por el ministro se deduce que se trata de una de las grandes. «Ninguna empresa, por grande o poderosa, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda», ha publicado Bustinduy en la red social X.La investigación comenzó el pasado mes de junio con un requerimiento de información a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios. A esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar «de forma inminente» miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que n o ofrecían su número de licencia , entre otros posibles incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.Noticia Relacionada estandar No El Gobierno multa con 179 millones a las aerolíneas ‘low cost’ por cobrar por el equipaje de mano y otros ‘extras’ Xavier VilaltellaEste expediente llega después de que la plataforma investigada no haya retirado los anuncios. Las prácticas que se han detectado pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000€ , cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. En la nota publicada por Consumo se lee que los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, a ojos de la Dirección General de Consumo, «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada«.

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