El Banco Central Europeo (BCE) ha emitido un dictamen, firmado por la presidenta Christine Lagarde y adoptado por todo el consejo de gobierno, en el que condena el impuesto a la banca que pretende imponer el Ejecutivo al sector en España. En este sentido, advierte de que el gravamen es discriminatorio y de que podría dañar la concesión de crédito y la resistencia de las entidades financieras. Un golpe a la medida desde Fráncfort pero que el Ejecutivo puede ignorar como ya hizo hace escasos años.La institución monetaria ya se pronunció en 2022 sobre el gravamen temporal en un sentido bastante similar; ya entonces emitió un duro dictamen contra la medida y el Gobierno lo obvió. Ahora ha reiterado su posición de oposición frontal al impuesto. El matiz ahora también radica en que en el consejo de gobierno de la organización está sentado el exministro José Luis Escrivá, que en estos momentos es gobernador del Banco de España. Según fuentes oficiales del BCE, el dictamen lo suscribe todo el consejo, incluido Escrivá.Noticia Relacionada estandar Si La banca sale en tromba contra el impuestazo tras el OK en el Congreso y anuncia acciones legales Daniel Caballero Las asociaciones AEB y CECA denuncian «la inseguridad jurídica y los graves efectos económicos» que genera el gravamenEn referencia no solo al gravamen español sino al conjunto de impuestos de esta índole, el BCE ha destacado que este impuesto puede afectar a la solvencia del sector. «El BCE también ha subrayado que la imposición de un gravamen especial al sector bancario podría reducir la capacidad de las entidades de crédito para constituir colchones de capital adicionales, ya que estas medidas reducen los beneficios no distribuidos, debilitando así la capacidad de resistencia del sector bancario frente a perturbaciones económicas», indica el dictamen, al tiempo que añade: «No obstante, se reconoce que las preocupaciones relativas a la resiliencia del sector bancario podrían aliviarse parcialmente mediante la introducción o el refuerzo de las reservas de capital». Además, el supervisor añade que «como consecuencia de la aplicación general del impuesto, las entidades de crédito con posiciones de solvencia más bajas o con dificultades en las proyecciones de capital podrían reducir su capacidad de absorber los posibles riesgos a la baja derivados de una desaceleración económica . Este último riesgo se ve agravado por el carácter progresivo del tipo impositivo aplicable a medida que aumenta la base liquidable», insistiendo en el efecto negativo sobre la solvencia del sector. Al igual que han alertado en repetidas ocasiones los bancos, el BCE también pone de manifiesto el golpe que supone este impuesto para el crédito. «Estos impuestos podrían tener efectos económicos adversos al limitar la capacidad de las entidades de crédito para conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios. El mantenimiento de una base sólida de capital es esencial para que las entidades de crédito cumplan su función de intermediarios de crédito dentro de la economía», destaca el documento. Las entidades financieras, en su caso, han alertado en los últimos meses de una reducción de crédito concedido de 50.000 millones de euros a causa del gravamen, algo que en el Ejecutivo se lo han tomado más bien a modo de amenaza. «Este impuesto, al igual que otros impuestos de este tipo en toda la Unión, puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones»Asimismo, el supervisor incide en el dictamen en que un impuesto como este resulta discriminatorio, por diferentes motivos: tanto respecto al resto de países donde no existe esta medida, como entre las propias entidades al establecerse una progresividad en el impuesto por la cual más se paga cuanto mayor es el volumen de negocio. «Este impuesto, al igual que otros impuestos de este tipo en toda la Unión, puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones en la unión bancaria. Asimismo, la aplicación de una escala progresiva puede dar lugar a asimetrías competitivas en función del tamaño de los bancos», sostiene. Sobre el carácter discriminatorio, el documento advierte de que podría darse la situación de que una entidad con menor rentabilidad pero más volumen de negocio pague más por el impuesto que otra más rentable pero con menor actividad. «Esto podría dar lugar a una situación en la que determinadas entidades de crédito con menor rentabilidad neta (o incluso con pérdidas tras la deducción de las pérdidas crediticias) acaben pagando un impuesto a un tipo efectivo más elevado, ya que la hipótesis implícita en el cálculo del gravamen de que las entidades de crédito con una base liquidable mayor tienen beneficios netos superiores no siempre es el caso», sostiene el BCE.El gravamen planteado por el Gobierno y sus socios recoge ciertas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y también en función de la rentabilidad de las entidades. Sin embargo, eso no parece ser suficiente a los ojos del BCE para evitar sus efectos adversos. «A pesar de la deducción extraordinaria sobre la cuota liquidable del impuesto (basado en la rentabilidad neta), la base sobre la que se establecería el impuesto no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no incluye, entre otros, los gastos operativos ni el coste del riesgo de crédito. Por consiguiente, el importe del impuesto puede no ser plenamente proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito y a su capacidad de generación de capital», dice el dictamen. «Un análisis exhaustivo»Por todo ello, igual que hizo cuando emitió su dictamen en 2022 sobre el gravamen temporal, el BCE insta al Ejecutivo a vigilar los efectos que tendría el impuesto. «El BCE reitera la necesidad de realizar un seguimiento continuo de sus implicaciones desde el punto de vista de la estabilidad financiera, en particular en lo que se refiere a los posibles efectos adversos a largo plazo sobre la capacidad de resiliencia del sector bancario y la posibilidad de distorsiones en los mercados», comenta. Lo que recomienda en concreto la organización es «un análisis exhaustivo en el que se detalle el impacto específico del impuesto sobre la rentabilidad y la base de capital a más largo plazo de las entidades de crédito, el acceso a la financiación, el posible impacto sobre la liquidez, la concesión de nuevos préstamos y las condiciones de competencia en el mercado».
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