La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador contra Airbnb por anunciar viviendas sin licencia. Según se lee en el comunicado remitido por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación estarían siendo comercializados sin publicitar su número de licencia a pesar de que tienen obligación de hacerlo, cosa que en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios supone incurrir en una práctica comercial desleal y en publicidad engañosa. « Reitero el mensaje: ninguna empresa, por grande o poderosa, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda«, ha afirmado el ministro esta mañana a través de la red social X. La compañía ha tardado poco en reaccionar, asegurando que apelará la decisión y acusando al Ministerio de «extralimitarse» y de ignorar «de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia y que Airbnb no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas que Airbnb cumple plenamente», se lee en la nota. Además, Airbnb acusa al Ministerio de haber elaborado su listado de anuncios supuestamente fraudulentos eludiendo los procesos legales y «utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística)».Noticia Relacionada estandar Si Sumar quiere que los vuelos internacionales también paguen IVA para encarecer los billetes Antonio Ramírez CerezoEl expediente incoado hoy sigue a una investigación que comenzó el pasado mes de junio cuando el departamento que dirige Bustinduy requirió a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos información sobre las viviendas que anunciaban en sus dominios. Hecho esto, a Airbnb se le instó a retirar «de forma inminente» miles de anuncios que no ofrecían su número de licencia, además de incurrir en otros posibles incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, asegura el Ministerio. Según Consumo la empresa no retiró los anuncios, y de ahí el expediente sancionador que se abre ahora, que podría acabar derivando en multas de hasta 100.000 euros o una cantidad que se calcula multiplicando entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Este expediente se suma a una investigación que el Ministerio abrió la semana pasada contra grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, y a otra en curso que pone el foco en diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Una competencia recién adquirida por Sumar Consumo tiene capacidad de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección de los consumidores desde 2022, cuando merced a una reforma legislativa el Gobierno hizo suya una atribución que hasta ese momento solo tenían las comunidades autónomas. Como ya explicó ABC, desde entonces el Ejecutivo ha hecho amplio uso de esa prerrogativa, poniendo el foco especialmente en las plataformas de comercio ‘online’ y de viviendas turísticas, en empresas inmobiliarias y en aerolíneas de bajo coste. En total se han cerrado veinte expedientes, de los cuales nueve han acabado en sanción en firme y cinco están pendientes a la espera de que se resuelvan los recursos de alzada. Ahora llega este expediente, con el que el departamento que dirige Pablo Bustinduy, de la parte de Sumar el Gobierno, está estrechando el cerco contra las prácticas ilegales en el mercado de la vivienda, que ha sido uno de los negociados en los que Yolanda Díaz se ha mostrado más combativa.
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