Una delegación de México asistió el pasado domingo a las elecciones judiciales celebradas en Bolivia , con el fin de tomar nota de una experiencia que el país norteamericano comenzará a llevar a cabo el próximo año. El ejemplo de Bolivia, único país en el mundo donde los integrantes de los principales tribunales nacionales son elegidos directamente por los ciudadanos (en Estados Unidos, Suiza y Japón hay elecciones solo para jueces locales), no es realmente esplendoroso: la justicia se ha politizado manifiestamente y los votantes vuelcan su desinterés en una gran cantidad de papeletas nulas o en blanco.Al término de su sexenio presidencial, Andrés Manuel López Obrador quiso copiar a Bolivia a lo grande, haciendo aprobar en septiembre de 2024 una reforma mediante la cual los votantes no solo elegirán los magistrados más destacados del país (en el caso boliviano se trata solo de 29 puestos: los titulares del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Agroambiental, así como del Consejo de la Judicatura), sino que la elección directa afectará a todos los jueces, desde los integrantes de la Corte Suprema hasta los jueces de circuito y distrito (unos 1.600), así como a los jueces locales (elevando la cifra total a 7.000).Mala experiencia bolivianaEsa elección en México comenzará a hacerse de modo progresivo: el 1 de junio de 2025 se elegirán a quienes cubrirán los 881 puestos que por sorteo se han declarado vacantes y en 2027 se completará el recambio. Los candidatos, a los que bastará una buena nota en sus estudios de Derecho y una experiencia de cinco años, serán propuestos por el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.Noticia Relacionada estandar Si México, bajo la amenaza del ‘narcoterrorismo’: sicarios asesinan a un empresario en un centro comercial Milton Merlo | Corresponsal en Ciudad de México El Departamento de Estado de Estados Unidos emite una alerta a sus ciudadanos para que eviten la zona de Polanco, en Ciudad de MéxicoEn realidad, la mala experiencia de Bolivia no debiera invitar a la nueva presienta mexicana, Claudia Sheinbaum , a seguir con la aplicación de la reforma. En el caso boliviano, fue el presidente Evo Morales , de perfiles ideológicos muy similares a los de López Obrador, quien introdujo la iniciativa en la Constitución de 2009 para que los principales jueces del país fueran elegidos por voto popular a partir de candidaturas aprobadas por la Asamblea Legislativa, dominada por su Movimiento al Socialismo (MAS).Las primeras elecciones judiciales se celebraron en 2011 y las segundas en 2017. No solo en ambos casos la mayoría de los ciudadanos dio la espalda al proceso (siendo el voto obligatorio, el primer año hubo un 57% de votos blancos y nulos y la cifra se elevó al 65% en la segunda edición), sino que la consecuente politización del sistema judicial ha trastocado el mismo sistema. Una vez que el MAS ha dejado de tener un único mando, la falta de acuerdo entre Morales y su sucesor Luis Arce (las listas candidaturas deben aprobarse por dos tercios de la Asamblea) obligó a retrasar un año las nuevas elecciones judiciales y, una vez convocadas este mes de diciembre, han sido para 19 de los 29 puestos, de manera que muchos jueces continuarán ejerciendo con la cobertura institucional ampliamente caducada.PolitizaciónLa politización del Tribunal Constitucional boliviano, por ejemplo, ha sido clara. Este órgano respaldó el deseo de Morales de presentarse a las elecciones cuantas veces quisiera, a pesar de prohibirlo la Constitución; cuando Morales se marchó del país, secundó las actuaciones de la presidenta interina Jeanine Áñez ; avaló después la persecución judicial de esta cuando el MAS volvió a la presidencia, y finalmente ha prohibido a Morales volver a ser candidato al enfrentarse al presidente Arce.En las elecciones de este domingo, muchos ciudadanos aseguraron tener que votar sin conocer realmente a los candidatos (estos no pueden hacer campaña en su favor), lo que explicaría que ganen quienes van los primeros en la lista (como sucedió en 2011) o quienes aparecen en el cuadrante superior izquierdo de la papeleta (como pasó en 2017), según determinó un estudio. El hecho de que no puedan ser reelegidos al terminar sus seis años en el puesto perjudica la adquisición de experiencia y la consolidación de las carreras profesionales. Algunos votantes aseguran que, al no conocerlos, prefieren votar a quienes tienen más edad por entender que eso puede ser una garantía en su ejercicio.En cualquier caso, la participación popular no ha servido para resolver la corrupción que se achaca a parte de la judicatura, y además puede contribuir a socavar aún más la adherencia social a la democracia , así como la separación de poderes misma, al obligar a los ciudadanos a votar jueces preseleccionados por el compadreo político.
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