Junts y el PNV han provocado un nuevo disgusto al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez, los dos partidos se han aliado con el PP para apoyar una enmienda del Senado que deroga el gravamen a las energéticas. Es el mismo que el Ministerio de Hacienda le había prometido a sus socios de izquierdas este miércoles, por tercera vez en pocas semanas, prorrogar vía real decreto ley.La alianza, a la que se ha sumado Vox, que ha respaldado todas las enmiendas procedentes del Senado a la norma para establecer un impuesto mínimo global —ley en la que el Gobierno coló su paquete fiscal—, constata que existe en el Congreso una mayoría con una sensibilidad de derechas, capaz de entenderse al menos en el terreno económico.La ley, que se terminó aprobando en comisión en el Congreso entrada la madrugada de una jornada caótica y que se aprobó en el pleno tras un pacto ‘in extremis’ con Podemos, servía inicialmente para trasponer una directiva europea, que obliga a un tipo mínimo del quince por ciento para las empresas multinacionales y las grandes corporaciones, pero terminó incluyendo un paquete fiscal que estuvo a punto de hacer naufragar el proyecto.El PSOE pactó con Junts y PNV prorrogar durante tres ejercicios el tributo a la banca a cambio de dejar caer el de las energéticas. Esto generó un notable malestar en ERC, Bildu y Podemos, que amenazaron con tumbar el proyecto de ley si no se hacían ambos impuestos permanentes. Primero cedieron ERC y Bildu, bajo promesa de que el gravamen a las energéticas se iba a prorrogar vía real decreto ley antes de final de año, y después Podemos, bajo el compromiso de que se lleve a la Cámara Baja una proposición de ley con un impuesto energético y que se sentasen a negociarlo todos los socios de la investidura.Junts y PNV se negaron a participar y Podemos, que había reclamado esas reuniones, se bajó de ellas este miércoles al no conseguir atraer el Gobierno a sus aliados de derechas. Hacienda prometió a la izquierda independentista por tercera vez que iba a prorrogar el decreto ley, pero Junts y PNV se han aliado este jueves con el PP no solo para que no se prorrogue, sino para derogarlo unos días antes de que expirase. El Ejecutivo ya no podrá aprobar una prórroga y deberá aprobar un nuevo texto. Y, matiz importante, el Tribunal Constitucional ya dejó claro que no se pueden establecer nuevos impuestos por decreto. En todo caso, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya ha dejado patente su malestar con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien lo ha acusado de trabajar en favor de los intereses de Repsol, y ha dejado claro que su grupo no convalidará un decreto con un gravamen a las energéticas. Si el Ejecutivo lo aprueba, sabrá que está llevando al Congreso una medida condenada a morir.
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