Tras abrir una investigación al Gobierno de España por denegar la escala en el puerto de Algeciras a buques mercantes con bandera estadounidense y destino a Israel, un representante de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos advierte abiertamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre sanciones considerables y lo acusa de poner en riesgo unilateralmente un comercio bilateral de 70.000 millones de dólares.«Si se confirman, las acciones de España podrían constituir una violación de la ley y dar lugar a multas compensatorias significativas para buques con bandera española, restricciones al transporte de carga entre España y Estados Unidos, y otras medidas correctivas a discreción de la Comisión», afirma Louis E. Sola, comisionado nombrado por Donald Trump y confirmado posteriormente por Joe Biden.Noticia Relacionada No dará autorización a otros similares estandar No El Gobierno deniega la escala a un buque con armas para Israel Gerard Bono Se trata de un carguero distinto al ‘Borkum’, que Sumar y Podemos pidieron detener ayer en Cartagena, pero que sigue su ruta con normalidad al dirigirse a la República ChecaLa Comisión Marítima Federal es una agencia independiente del Gobierno de Estados Unidos, encargada de regular el transporte marítimo en el comercio internacional y supervisar la Marina Mercante estadounidense. Creada en 1961, su función principal es garantizar condiciones justas y equitativas en el comercio marítimo exterior , proteger a las empresas y consumidores estadounidenses de prácticas desleales y promover la estabilidad en el sistema de transporte marítimo global. Su labor oficial tiene un peso significativo en las relaciones comerciales internacionales, especialmente cuando se detectan condiciones desfavorables para las empresas estadounidenses.«Las acciones unilaterales de España contra buques con bandera estadounidense plantean serias dudas sobre los principios de no discriminación en el comercio marítimo», afirmó Sola, quien advirtió además que «estas restricciones podrían poner en duda los principios fundamentales de prácticas no discriminatorias».La decisión del Gobierno español de denegar el atraque en puertos españoles a buques que sospechaba — sin pruebas concluyentes — de transportar armas destinadas a Israel ha provocado una investigación formal por parte de la Comisión Marítima Federal.A un mes de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia, y en medio de sus amenazas de imponer nuevos aranceles, el comisionado Sola subrayó que las acciones del Gobierno español «podrían tensar los sólidos lazos bilaterales que sustentan una relación comercial anual de 70.000 millones de dólares entre ambos países. Además, estas medidas podrían amenazar la integridad operativa de las cadenas de suministro críticas que sostienen la industria marítima estadounidense, valorada en 5 billones de dólares».El caso afecta a dos buques operados por la naviera danesa Maersk, el Maersk Denver y el Maersk Seletar , ambos con bandera estadounidense, que en noviembre fueron desviados a los puertos de Tánger y Lisboa tras serles denegada la entrada en Algeciras. Maersk expresó su indignación, asegurando que la carga cumplía «plenamente con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales» y negó que transportaran armas o municiones.Según la Comisión, la negativa española podría haber creado «condiciones desfavorables» para el comercio exterior de Estados Unidos. De confirmarse, España se enfrentaría a sanciones significativas, que incluirían multas de hasta 2,3 millones de dólares por viaje afectado, la prohibición de entrada a puertos estadounidenses para buques con bandera española y restricciones al transporte de carga bilateral.Pedro Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han defendido la negativa a permitir el atraque de barcos sospechosos de transportar armamento a Israel, en un contexto marcado por la campaña militar israelí contra Hamás en Gaza, que ya ha dejado más de 40.000 muertos en la Franja.Las autoridades españolas adoptaron esta decisión a pesar de que los buques afectados forman parte de una flota de 60 embarcaciones inscritas en el Programa de Seguridad Marítima (MSP). Este programa garantiza que Estados Unidos mantenga una flota comercial activa, económicamente viable y militarmente útil, disponible para emergencias nacionales, conflictos armados u otras situaciones críticas de seguridad nacional.El Gobierno de España conoce la lista de estos 60 buques, que son proveedores del Departamento de Defensa de EE.UU., tienen acceso a redes logísticas globales para apoyar operaciones militares y participan en suministros humanitarios. Estas embarcaciones, propiedad de empresas privadas, reciben subsidios del Gobierno estadounidense a cambio de estar disponibles para necesidades estratégicas.
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