El Gobierno más progresista de la historia ha tomado por costumbre vetar de forma sistemática las normas de la oposición porque le salen caras. Varias de ellas de corte social, como la ley para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o la ley de conciliación familiar. En este primer año de legislatura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impedido la tramitación de hasta trece proposiciones de ley del Partido Popular (5) y Vox (7) en el Congreso de los Diputados. Algunas de ellas, hasta en dos ocasiones, después de que ambos grupos hayan presentado segundas versiones de sus textos con la pretensión de pulirlos y conseguir -sin éxito- el ‘apto’ del Gobierno. Tampoco ha tenido reparos La Moncloa en frenar siete enmiendas, en esta ocasión sólo de los populares, en hasta cuatro proyectos de ley distintos. Entre ellos, el famoso paquete fiscal, que acabó siendo aprobado el pasado jueves en la Cámara Baja. Sánchez no pudo evitar, eso sí, que su reforma saliera magullada, ya que el PP golpeó con PNV y Junts -sus socios de investidura de derechas- el plan fiscal del Gobierno y anuló el impuesto a las energéticas con una enmienda que deroga definitivamente el gravamen prometido a Podemos, ERC, Bildu y BNG. Pero el Gobierno impidió a los de Alberto Núñez Feijóo llevar a pleno su enmienda para eliminar la tributación mínima y permitir deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica en el Impuesto de Sociedades. La que sí llego al Congreso fue la propuesta de «redirigir el hachazo» de la recaudación del impuesto a la banca a ayudas a hipotecas para los jóvenes y construcción de vivienda, pero fue rechazada.El Gobierno vetó, además de las dos del PP, otras quince enmiendas de ERC, Coalición Canaria, PNV, Sumar y BNG en esta ley. Especial revuelo ocasionaron las de los nacionalistas gallegos, que buscaban rebajar el IVA a los servicios de peluquería, barbería, estética y servicios veterinarios, y a productos de higiene íntima femenina. Unas propuestas que podrían haber salido adelante sin los votos del PSOE. Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno salva su ley de eficiencia judicial a cambio de ceder con Podemos en desahucios y ayudas al transporte Patricia RomeroEl proceso de tramitación es el siguiente: los grupos parlamentarios registran su proposición de ley y cuando el Gobierno presenta vetos a través de un escrito de disconformidad con la norma, lo primero es que la Mesa del Congreso lo califique, donde PSOE y Sumar lo hacen por mayoría, advirtiendo que la ley contradice la doctrina constitucional al respecto. Tras eso, los grupos tienen la opción de presentar un escrito de reconsideración, que vuelve a estudiar el órgano, pudiendo rechazar de nuevo ley. Es entonces cuando se eleva a la Junta de Portavoces para que, oído este otro órgano, la Mesa tome en una reunión siguiente su resolución definitiva. En los casos de PP y Vox, siempre es a favor del veto y en contra de la posibilidad de llevar a debate y votación en el pleno sus iniciativas. Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene potestad para vetar la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, ya sea por aumento de gasto o merma de ingresos. Y en todos sus escritos, firmados siempre por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, alega que esas enmiendas o proposiciones de ley son susceptibles de producir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «tanto una disminución de los ingresos como un incremento de los gastos, por lo que el Gobierno no presta conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el art. 134.6 de la Constitución». Así pudo leerse, por ejemplo, en el veto de la ley de conciliación familiar del PP, cuyo fin era garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, y reconocen su derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar.Sin justificaciónFuentes del PP denuncian que en todos los escritos el Gobierno recurre a «argumentos especulativos sobre la base de supuestos cambios de comportamiento de agentes sociales que no concreta» o a los principios de estabilidad presupuestaria, presupuestación en dos fases y afectación de programación Plurianual para vetarlas. El problema, dicen, es que lo hace contra la doctrina del Tribunal Constitucional, que dicta que su facultad de veto «no es ilimitada» y que han de cumplirse tres condiciones para hacer uso de ella. En primer lugar, «la medida propuesta debe afectar al presupuesto en vigor y no a los futuros». Con ello, el órgano de garantías avala el principio de anualidad presupuestaria frente al de programación plurianual o de presupuestación en dos fases que esgrime el Gobierno. Además, todas estas leyes cuentan con un denominador común: un apartado en el que se especifica que entrarán en vigor «el primer día del ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)». Es decir, que se difiere la entrada en vigor al siguiente ejercicio presupuestario. Y aún así, no pasan el filtro del Ejecutivo.El PP exige que las inicitivas tengan oportunidad de cursarse: «Luego, se aprobarán o no, pero que se puedan tramitar»Por otro lado, el Ejecutivo deberá concretar las partidas afectadas en los presupuestos en vigor. Algo que tampoco hace. Y por último, la Mesa del Congreso está en la obligación de realizar una verificación tanto formal (en plazo) como material (que justifique el veto e inadmitirlo en caso contrario).Por todas estas razones, los populares esgrimen que es «evidente» que el veto del Ejecutivo a cada una de sus cuatro iniciativas es «absolutamente arbitrario e injustificado». A la ley de conciliación familiar del PP se suman la de apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico esencial para la economía y la de otorgar exenciones fiscales en una serie de conmemoraciones como el Xacobeo. Todavía «más grave», afean, es el veto a la ley de exenciones fiscales a afectados por la Talidomida porque una iniciativa mimética fue tomada en consideración en el Senado en junio con el único rechazo del PSOE, que se quedó solo votando en contra de la norma, que también fue apoyada por sus socios.«Pedimos que las iniciativas se puedan tramitar. Luego, se aprobarán o no, pero que se puedan tramitar», exigen al mismo tiempo que consideran que «la mayoría de la Mesa está echando un pulso no solo al PP, sino a los propios letrados y al Constitucional». «Sufrimos un completo asalto al poder legislativo. El Gobierno hace un uso torticero de los derechos de los españoles», dice VoxEl látigo del Gobierno ha azotado doblemente a Vox este primer año de legislatura. La formación derechista ha visto cómo ocho de sus normas no eran admitidas a trámite. Ni la proposición de ley relativa a la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ni la de mejora de la atención a los ciudadanos por parte de la Administración Pública, que suprimía la obligatoriedad de la cita previa y reconocía el derecho a la atención directa, presencial y personalizada en las sedes. Tampoco la destinada a la protección de los trabajadores autónomos. Y ni siquiera la de mejora de la prestación para el cuidado de hijos enfermos o la que pretendía introducir deducciones fiscales por la creación de empleo y la contratación de mujeres embarazadas y de padres y madres de familia numerosa o con hijos con discapacidad.«Sufrimos un completo asalto al poder legislativo. El Gobierno hace un uso torticero y fraudulento, contrario a los derechos fundamentales de los españoles como es el de la participación política», trasladan fuentes de la formación derechista, que denuncian una vez más «el uso dictatorial de la nación por parte del Gobierno».ELA no, deuda catalana síEl ejemplo más significativo, la ley ELA. Los de Santiago Abascal se quejan de que el Ejecutivo no moviera «un solo dedo» para tramitar su norma, que presentaron hasta dos veces, a la vez que no tiene reparos en condonar la deuda catalana. «Perdonan a Cataluña 15.000 millones para seguir en el poder, pero vetan una ley para enfermos de ELA y grandes dependientes porque les cuesta dinero. Es un Gobierno inmoral», manifestó en su día la portavoz del grupo parlamentario, Pepa Millán. Precisamente, hace escasas semanas, el recién reelegido líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, avisó al ‘Govern’ de Salvador Illa de que no apoyaría los presupuestos autonómicos ni suscribiría ningún otro pacto si los socialistas no cumplían con los pactos ya existentes como la financiación singular para Cataluña o la condonación de la deuda. Sánchez respondió a la advertencia de los republicanos durante la Conferencia de Presidentes de Santander, en la que anunció la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo mes de enero y que servirá, entre otras cosas, para que el Ejecutivo central cumpla con su acuerdo con ERC.Medidas sociales Enfermos de ELA Vox denuncia que el Ejecutivo no haya movido un solo dedo para tramitar su ley de los enfermos ELA, que presentó hasta en dos ocasiones, pero sí se haya comprometido a condonarle a los independentistas su deuda de 15.000 millones. Conciliación familiar También vetó el Gobierno la proposición de ley del PP para la conciliación familiar para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Afectados por la talidomida Las exenciones fiscales a los afectados por la talidomida, el fármaco alemán distribuído en los 50 y 60 que causó graves deformaciones fetales, tampoco pudieron debatirse ni votarse. El Senado sí que tomó en consideración la norma del PP con el único rechazo del PSOE. Cuidado de hijos enfermos y contratatos a embarazadas Otras dos normas de los de Abascal vetadas por PSOE y Sumar fueron la de ampliación de la prestación para el cuidado de los hijos enfermos o la relativa a las deducciones fiscales por la contratación de embarazadas y de padres de familia numerosa o con hijos con discapacidad. IVA cero para alimentos donados Los populares también introdujeron tres enmiendas en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. En este caso, el Gobierno impidió el IVA cero para los productos donados a bancos de alimentos en contra de las recomendaciones de Bruselas.En cuanto a la ley ELA, logró salir adelante finalmente por unanimidad en el Congreso a principios de octubre tras dos años de bloqueo. Su recorrido parlamentario empezó allá por diciembre de 2021, cuando la registró Ciudadanos (CS). Meses más tarde, en marzo de 2022, fue admitida a trámite, pero decayó con la convocatoria electoral del julio del año pasado. Durante la presente legislatura, Junts, Vox y PP registraron proposiciones de ley sobre el mismo tema. También el PSOE junto a Sumar. La de la formación de Santiago Abascal no fue admitida a trámite, como ya se ha dicho, pero sí las otras tres, que iniciaron por separado su tramitación en el Congreso. Después de muchas idas y venidas, se unificaron en un texto conjunto. El resultado fue una ley algo descafeinada y no tan ambiciosa como la de CS.Ahora, mes y medio después de su entrada en vigor, los enfermos denuncian que la ley es un mero «papel» y que las ayudas no les están llegando. Por ello, el PP llevó a la Cámara Baja el pasado martes una proposición no de ley (PNL) en la que forzó al Gobierno a «garantizar, con independencia de que se aprueben o no» los PGE, el presupuesto para materializar los avances contemplados en la ley ELA.
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