El juez que instruye la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, ha llamado a declarar como testigos el próximo 16 de enero a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos Julián Salto, a quien el día 13 de marzo, la fiscal provincial e imputada Pilar Rodríguez obligó a abandonar un partido de fútbol para enviarle los correos intercambiados con la defensa de González Amador tras la insistencia del fiscal general en hacerse con ellos. En el mismo auto, notificado también este jueves, el magistrado cita también, en este caso para el día 21 de enero, a los responsables de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y de la Fiscalía general del Estado. Todo ello en relación con la filtración de los correos intercambiados entre Salto y la defensa de la pareja de Ayuso y con la redacción de la nota informativa en la que se aludía a datos de carácter reservado relacionado con ese procedimiento abierto a Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales. El juez reconoce que tiene «varias diligencias» pendientes de acordar, entre ellas la declaración de investigado de García Ortiz, y que irá diciendo conforme avance la investigación, pero eso «no quita» para que se vayan practicando otras diligencias que se deriva del informe de la UCO relativo al teléfono de la coimputada Pilar Rodríguez.Sobre Julián, quien llegó a declarar como imputado (ya no lo está) ante el TSJ de Madrid, recuerda que su testimonio fue relevante para que el juez elevara exposición razonada al Supremo, donde García Ortiz es aforado, y que ha cumplido su compromiso de aportar una se comprometió a aportar una serie de correos. De Almudena Lastra recuerda que prestó declaración como testigo también en el TSJ de Madrid y que conviene oírla porque «aunque pueda reiterarse» en algunos aspectos sobre los que ya testificó, «conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general del Estado, así como valorar el ofrecimiento que hizo para volcado de los correos electrónicos y WhatsApp que mantuvo con la Fiscalía General del Estado».Respecto al responsable de Comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quien también declaró como testigo, le reclama para que explique el intercambio de comunicaciones que tuvo con la responsable de Comunicación de la Fiscalía General «y haberse mostrado voluntario al volcado de las comunicaciones que mantuvo con ella». Respecto a la jefa de comunicación de Fiscalía General, su declaración se debe a que desde esta Fiscalía «al nivel indiciario del momento procesal que nos encontramos», pudo salir la «información litigiosa», en relación a la filtración investigada.El informe de la UCO que analizó los dispositivos de la fiscal provincial destapó la insistencia de Pilar Rodríguez en comunicarse con Julián Salto la noche del 13 de marzo a partir de las 21.39 de la noche, cuando el fiscal se encontraba en un partido fútbol en el Metropolitano y El Mundo acababa de publicar que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que admitiera dos delitos fiscales cuando en realidad había sido al revés. En ese primer intento de comunicación, inmediatamente posterior a una llamada entre García Ortiz y su subordinada, Rodríguez no obtuvo respuesta. A los cuatro minutos lo volvió a intentar y consiguió hablar con Salto algo más de un minuto. Para la UCO de esa llamada se desprende el interés de Rodríguez por que Julián Salto le facilite los correos cruzados con el abogado de González Amador para que la fiscal pueda remitírselos al fiscal general. A las 21.51 Salto llama durante un minuto a Rodríguez, supuestamente para comunicarle que le enviaba los correos porque inmediatamente después la fiscal se los remite a García Ortiz. Rodríguez establecería una nueva conexión con Salto más de una hora después para reclamarle un correo que le faltaba.De la intervención de la fiscal superior, Almudena Lastra, en este episodio parece claro que no estaba de acuerdo con la difusión de la nota de prensa al considerar que imperaba el deber de confidencialidad, pero, según declaró ante el instructor del TSJ de Madrid, recibió la orden directa de darla y cumplió el artículo 25 del Estatuto fiscal.
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