Los partidos políticos en la oposición o contrarios a las formaciones a las que pertenecen altos cargos investigados también han ejercido tradicionalmente la acusación popular en defensa de los intereses de los ciudadanos. Ha ocurrido en causas recientes como Gürtel, Púnica, Lezo, ERE andaluces, ‘procés’ o Kitchen y también ocurre ahora en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, la investigació al exministro socialista José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. En estas dos causas, tanto el Partido Popular, principal de la oposición, como Vox, tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, ejercen la acusación, así como el propio PSOE en la de Ábalos.Precisamente el instructor de la causa contra Ábalos en el Alto Tribunal, Leopoldo Puente, acordó aunar a todas las acusaciones bajo el paraguas del Partido Popular por ser la primera que ser personó. Una decisión que los representantes del resto de acusaciones consideran un ataque a su papel fundamental en defensa de los ciudadanos. En una rueda de prensa conjunta en diciembre, los abogados de Hazte Oír, Iustitia Europa y ADADE consideraron la decisión una prueba más de la intención de debilitar a la acusación popular y temieron que tuviera un «efecto contagio».Noticia Relacionada estandar No Ábalos pide al Supremo la nulidad de la causa en su contra por la presunta investigación ilegal de la UCO ABC El exministro recurre el suplicatorio enviado al Congreso para suspender su inmunidadEl magistrado instructor les impidió acceder a la sala donde tuvieron lugar las declaraciones de investigados de esta causa, lo que ven como un perjuicio para la propia investigación, puesto que ellos no pudieron facilitarle al representante legal del PP las preguntas que consideraran pertinentes.Una ley restrictivaLas decisiones de los tribunales en detrimento del papel de las acusaciones populares se suma al interés del legislador en restar importancia a su papel. El Gobierno de Pedro Sánchez, mediante un anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia con Félix Bolaños al frente que ya ha superado la fase del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pone límites a la acusación popular. La redacción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) -que lleva pendiente de reforma desde 2011- impide a los partidos, a los sindicatos y a las administraciones públicas ejercer la acusación popular para evitar un uso espurio de ésta. «Puede constituir un elemento corrector último frente a posibles desviaciones o errores en el ejercicio de la acción pública por parte del Ministerio Fiscal. Sin embargo, la utilidad de la acción popular en este concreto sentido no puede ensombrecer la evidencia de que, como más de una vez se ha puesto de manifiesto, a veces se convierte en un medio de instrumentalización de la justicia al servicio de intereses ajenos al bien común», se afirma en el proyecto de norma.
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