El plan trazado por el PSC y ERC y avalado por el Gobierno de Pedro Sánchez para ceder a la Generalitat de Cataluña la gestión, recaudación e inspección de todos los impuestos que se pagan en el territorio y para convertir en la Agencia Tributaria Catalana en la administración tributaria única en el territorio puede, como se asegura desde el independentismo, convertirse en un atractivo imán para atraer nuevos contribuyentes , pero quizá no del perfil que imaginan las formaciones que defienden la autonomía fiscal.Un informe elaborado para Fedea por el que fuera delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía y director general de Tributos del Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Alberto García Valera, difundido este martes, advierte de que el desmontaje de las unidades especiales de investigación y de los procedimientos de explotación de datos a escala nacional que utiliza la Agencia Tributaria -a los que atribuye buena parte del éxito y de los resultados de la lucha contra el fraude fiscal – haría «imposible detectar» determinadas formas de fraude y sería casi como una invitación, asegura, a las tramas de fraude en impuestos como el IVA a localizarse allá donde saben «que tendrán más facilidad de quedar por debajo del radar de Hacienda».Noticia Relacionada estandar Si Inspectores de Hacienda temen un traspaso inminente de la gestión de la Campaña de IRPF a la Agencia Catalana Bruno PérezEl ex alto cargo de Hacienda no es el primero en alertar de esta situación. La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado lleva meses advirtiendo de las consecuencias devastadoras sobre la lucha contra el fraude de fragmentar la Agencia. García Valera recuerda que las actuaciones contra las deslocalizaciones ficticias de contribuyentes con patrimonios elevados a otros países, que han permitido rescatar 27,7 millones de euros de 136 contribuyentes, se sostienen por la explotación de una base de datos única por parte de una unidad especializada en la investigación de altos patrimonios. La ruptura de esa unidad haría, según sus propias palabras, «imposible detectar» a los obligados tributarios con residencia en Cataluña que tuvieran una falsa residencia en el extranjero.Entiende que lo mismo sucedería con los fraudes enmascarados tras una relación socio-sociedad que se produjeran en empresas con domicilio social en Cataluña.Sin borrador de RentaEn su informe para Fedea, el miembro del cuerpo de inspectores de Hacienda avisa de que las consecuencias irían mucho más allá de las dificultades a la hora de perseguir el fraude fiscal. Subraya que a la luz de la experiencia con las haciendas forales la segregación afectaría a actos administrativos tan engrasados como las devoluciones asociadas a la campaña de Renta -en la última campaña se había devuelto casi el 98% al cierre del año- o la elaboración de los borradores de declaración, que no podrían hacerse con las garantías necesarias sin disponer de información centralizada.
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