El PSOE ha dado por sorpresa un paso decisivo para terminar con la figura de la acusación popular tal y como se conoce hasta ahora y, a la par, impedir que los jueces puedan expresar su opinión sobre asuntos políticos y después juzgar en una causa que afecte a un partido. Los socialistas, como ha explicado Patxi López en una precipitada rueda de prensa en el set de televisión del Congreso –se ha avisado un viernes de enero, sin actividad parlamentaria, a primera hora de la mañana con apenas cuarenta minutos de antelación–, justifican la iniciativa en la necesidad de acabar con el supuesto «acoso» que reciben y para erradicar «las filtraciones interesadas» que, dice, obedecen a objetivos espurios.El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha registrado a las diez de la mañana la proposición de ley, según el PSOE para hacer frente «al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», y minutos después estaba explicándola para los pocos medios que estaban a esa hora presentes en la Cámara Baja. López, en su exposición, ha fundamentado la iniciativa en cuatro ejes: la reformulación de la acusación popular –figura que ha originado los casos Koldo y Begoña, que afectan al Gobierno y a la mujer del presidente Pedro Sánchez–, la prohibición de que se admitan querellas basadas únicamente en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas religiosas y la obligación de abstención o consecuente recusación de jueces que hayan pronunciado «comentarios políticos» anteriores a las causas que instruyan.(NOTICIA EN ELABORACIÓN)
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