Las cuatro asociaciones de jueces critican la proposición de ley registrada ayer por limitar la acción popular, por su precipitación y porque parece creada «para casos concretos», con «nombres y apellidos». Así, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, cree que al afectar a causas en curso parece buscar «impunidad», lo que «casa muy mal» con la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Recuerda Del Barco que se está trabajando en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a dar la instrucción de las causas penales al fiscal y que ahí podría tener encaje; de ahí que no se entienda esta urgencia si no es para casos ‘ad hoc’. A ello se suman las dudas sobre su constitucionalidad, pues ve una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Carta Magna. La APM reconoce que efectivamente se ha hecho un «uso abusivo» de la acción popular por parte de todos los partidos políticos, pero también es verdad que esto ha permitido condenas por delitos de corrupción.Noticia Relacionada estandar Si Feijóo califica la iniciativa impulsada por el PSOE contra los jueces como «ley de impunidad para la familia socialista» Emilio V. Escudero La oposición ve «indecente» y «simbólico» que se impulse esta iniciativa el día en el que Maduro pretende perpetuarse en el poderDesde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz, Sergio Oliva, opina que «una vez más se acude conscientemente a la peor de las técnicas legislativas imaginables», puesto que la ley debe tener «vocación de generalidad y de aplicación en el futuro». Sin embargo, dice, «esta reforma no tiene vocación de generalidad sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos». Recuerda, además, la «gravedad» que supone el hecho de legislar sobre procesos en curso y cómo puede afectar eso a posibles víctimas. Desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez cree, como Del Barco, que la figura de la acusación popular debería abordarse en el anunciado proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, «dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir».También considera «desacertado» excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, así como con la nueva causa de abstención y recusación de magistrados y jueces. «La judicatura también es libre de opinar, aunque debe hacerlo con prudencia, para evitar comprometer la imagen de imparcialidad judicial», señala.Por su parte, Foro Judicial Independiente admite que «todos somos conscientes de que ha habido abusos» en el ejercicio de la acusación popular, sobre todo por parte de los partidos políticos, entidades y fundaciones afines», pero la restricción que establece la nueva ley es, a su juicio, «excesiva» y contraria al espíritu de la Constitución, que ha previsto la existencia de una acción popular. En la práctica la reforma está dejando la acción popular «solo y exclusivamente» en manos de ciudadanos particulares que además de vínculo directo, tengan capacidad económica para litigar. Como la APM y Francisco de Vitoria, considera que parece que una reforma que se hace «con nombres y apellidos de causas concretas que afectan directamente al PSOE», lo que «no parece ético» estando el partido afectado precisamente por causas de corrupción. «Es digno de reproche democrático el que un partido político pretenda que, por vía legislativa, los jueces acomoden sus decisiones a lo que le interesa».Una figura que existe en España desde la Edad Media Desde la Edad Media, la figura de la acusación popular ha formado parte del ordenamiento jurídico español, aunque el modelo se remonta a mucho más atrás. En concreto, puede ya encontrarse en el Derecho Romano de la época republicana, cuando se adopta un denominado sistema acusatorio por el que una persona asumía la función de la acusación, encargándose de recabar todas las pruebas e identificar al infractor. Esto hacía que cualquiera pudiera acusar en representación de la sociedad, algo similar al modelo que en pleno siglo XXI pretende cercenar el PSOE mediante una proposición de ley registrada en el Congreso.Acusaciones populares actualmente personadas en causas en curso, como Liberum, Iustitia Europa o Hazte Oír critican también lo que en la práctica supone, dicen, una supresión de la acusación popular que beneficia a causas muy concretas. Si lo que se pretende es eliminar a las asociaciones, se estarían cercenando derechos constitucionales y supondría «un atentado al ordenamiento jurídico», dice desde Liberum Alexis Aneas. Desde Iustitia Europa calificaron la proposición de «atropello a la democracia» y aseguraron que se querellarán contra quienes lo aprueben y acudirán a instituciones de la UE para reclamar su intervención inmediata justicia europea. De la misma forma, Hazte Oír anunció que emprenderá todas las acciones posibles contra una ley con la que se busca «impunidad».
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