La Abogacía del Estado envió ayer al Tribunal Supremo a dos de sus representantes con el cometido de que interrogaran hasta a seis periodistas e intentaran que éstos les revelasen quién les envió el correo entre el abogado defensor del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, con fecha de 4 de febrero del año pasado, en el que el primero reconocía dos delitos contra Hacienda. El miércoles hicieron lo mismo con otros dos periodistas que también declararon como testigos.Los representantes de los servicios jurídicos del Estado -que defienden al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la causa en la que se le investiga por presunta revelación de secretos en relación con los datos de la investigación a González Amador- preguntaron a los redactores por el origen de su información para descartar que proviniese del fiscal general y apuntaron a que quien realmente reveló esos datos reservados fue el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Él también declaró como testigo este miércoles a petición de la representación del Estado. Noticia Relacionada estandar Si El juez accederá a las llamadas que oculta García Ortiz, pero será difícil recuperar los mensajes Nati VillanuevaLos abogados del Estado conocen de sobra que el artículo 20 de la Constitución Española -al que se acogieron todos los informadores que testificaron ayer y anteayer- recoge el derecho al secreto profesional de los periodistas para no revelar sus fuentes, así como la jurisprudencia al respecto. El Gobierno ha defendido abiertamente la libertad de información y prensa relacionado con el artículo 20 de la Carta Magna. De hecho, en noviembre de 2022, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, anunció en un foro con periodistas en el Ateneo de Madrid reformas legales para reforzar el secreto profesional periodístico. Sin embargo, la estrategia de los servicios jurídicos del Estado para la defensa de García Ortiz ha pasado los dos últimos días por tratar de que los periodistas identificasen a sus fuentes.Horas y fechas clavesDos de los informadores que fueron interrogados, Miguel Ángel Campos en representación de la Cadena Ser y José Precedo por Eldiario.es, sostuvieron ante el magistrado instructor Ángel Hurtado, la Abogacía, la Fiscalía y los representantes de las acusaciones ejercidas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que recibieron el correo entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto antes de que llegara a manos de Álvaro García Ortiz el pasado 13 de marzo a las 21.59 horas, según uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil unidos a la causa. Miguel Ángel Campos sostuvo que la tarde del 13 de marzo, seis horas antes de que García Ortiz tuviera el famoso correo, se desplazó en taxi al despacho de una fuente que le permitió ver el correo. José Precedo, por su parte, afirmó que accedió al mail entre la defensa de González Amador y el fiscal de Delitos Económicos el 6 de marzo, una semana antes de que estuviera en manos del fiscal general y que su periódico no publicó que la Fiscalía había denunciado al novio de Ayuso por delitos fiscales hasta la mañana del 12 de marzo, cuando contrastó la información.La defensa de González Amador denunció la presunta revelación de secretos de García Ortiz el 14 de marzo, después de que el Ministerio Público emitiera una nota de prensa en la que negaba que la Fiscalía hubiera propuesto el acuerdo al abogado de González Amador, según publicó ‘El Mundo’ la noche anterior y difundió el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso en grupos de información a periodistas por los que la Abogacía del Estado también preguntó ayer a los informadores de la Cadena Ser, Eldiario.es, El Plural, Vozpópuli y Libertad Digital que acudieron como testigos. Un día antes testificaron un periodista de la Sexta y otro de ‘El Mundo’.La defensa del novio de la presidenta madrileña sostuvo que la difusión misma de la nota por parte del Ministerio Público suponía la comisión de un delito de revelación de secretos, algo que rechazó el magistrado instructor al considerar que horas antes del comunicado el contenido de los correos ya había sido revelado. Así, acotó la investigación a la filtración del correo citado, extremo que la Abogacía del Estado niega que fuera autoría de García Ortiz.
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